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LA PAH EXIGE AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER QUE EL PLAN DE VIVIENDA SEA GLOBAL Y CONSENSUADO CON LA SOCIEDAD CIVIL.

Según la PAH, debería definir lo que es una vivienda social.

La PAH se alegra de que el Pleno haya acordado la redacción de un plan de vivienda para Santander, pero exige que se haga con la participación real de la sociedad civil de la Ciudad. Para ello se ofrece como parte interesada en la redacción de la Norma de forma leal y real, pero advierte de que no formará parte de un “paripé” que engañe a  la ciudadanía  y que solo aparente participación.

La PAH exige que esa definición de lo que es una “vivienda social” debe ser acorde con las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, como cuota máxima de alquiler social:

30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos servicios básicos, si superan el SMI.

10% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos servicios básicos, si no superan el SMI.

También considera que toda vivienda construida por el Ayuntamiento debería ir dedicada a alquiler social, no a alquiler con opción a compra, y ser otorgada por orden de urgente necesidad según informe de los Servicios Sociales, priorizando las familias que corren riesgo inminente de desahucio.

La PAH va a seguir luchando por la suspensión de los desahucios de familias que no tienen alternativa habitacional; ocupan pisos de bancos y/o grandes tenedores que especulan con la vivienda (nunca de propietarios particulares) y corren riesgo de tener que vivir en la calle. El derecho a la vivienda digna viene recogido en la Constitución, recuerda la Plataforma.

¡Sí se puede!

PAH Santander

Fuente: PAH Santander

Noticia original: https://pahsantander.wordpress.com/2020/12/31/la-pah-exige-al-pleno-del-ayuntamiento-de-santander-que-el-plan-de-vivienda-sea-global-y-consensuado-con-la-sociedad-civil/

[Análisis y valoración] A pesar del Decreto, los desahucios seguirán, mientras que la lotería de dinero publico recae en la banca y fondos buitre.

El Decreto Stop Desahucios sale descafeinado frente a la emergencia habitacional; el lobby financiero impone la dirección al Gobierno de Sánchez, amparados por Economía y Justicia.

Una vez analizado en el BOE el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, desde la PAH vemos, como aspectos negativos:

  • La corta duración de su vigencia, sólo hasta el fin del vigente estado de alarma. Desde la PAH sabemos que las consecuencias socio-económicas de la crisis sanitaria va a ser más prolongada, por eso seguiremos insistiendo que debe tener vigencia, al menos, hasta el 31-12-2021 o hasta la publicación de la Ley de Vivienda Estatal que responda a las demandas de la PAH.
  • Las compensaciones que se establecen para grandes tenedores, quienes jamás nos han compensado del rescate en la crisis anterior. Es una inmoralidad y un disparate que se destine dinero público a la banca rescatada pendiente de devolver 65.000 millones y a fondos buitre y socimis, quienes se permiten el lujo de no pagar impuestos al estar en paraísos fiscales o tener un trato fiscal de favor. No entendemos ni aceptamos esta cesión del Gobierno a corporaciones cuyo único objetivo es ganar cuanto más dinero mejor, permitiendo que la vivienda sea objeto de especulación en lugar de un derecho con función social.
  • También alertamos que se han caído de la protección algunas de las situaciones de ocupación forzosa, a la que por necesidad se han visto obligadas familias vulnerables, a quienes ninguna Administración Pública ha sido capaz de ofrecerles una alternativa de vivienda digna y adecuada, y para las que, al contrario que para los grandes tenedores, no se establece compensación alguna. Las presiones de los lobbies financiero/inmobiliarios sobre los ministerios de Calviño y Campos, han logrado en parte, sus objetivos.

Sin embargo, como aspectos positivos la movilización ha conseguido la prohibición de los desahucios de alquiler, tanto por impago como por finalización de contrato (aunque sólo sea, de momento, hasta la finalización del estado de alarma), o los de precario o recuperación de la posesión por distintas vías del artículo 250.1 LEC (civiles), para personas cuya vulnerabilidad comenzara también antes de la pandemia. Y, aunque con algunas lagunas este decreto garantiza que no puedan ser cortados los suministros básicos a muchas personas vulnerables.

Desde la PAH anunciamos que seguirá habiendo desahucios tras este decreto, por ello seguiremos luchando por conseguir la extensión de la prohibición a todas las familias vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, y con una duración temporal suficiente como para que las Administraciones Públicas dispongan de Parque Público para poder ofrecer esas alternativas y recuperen vivienda de la banca para el alquiler social.

Empezamos ya, poniéndonos inmediatamente en contacto con el Gobierno para trasladar nuestro absoluto rechazo a estas modificaciones, al objeto de que se subsanen en una próxima corrección de errores en el BOE. Lo contrario, será fruto de la presión de la banca y grandes empresas al Gobierno, y nos van a tener totalmente enfrente.

Síntesis jurídica del contenido completo de este Decreto en materia de vivienda

1. Desahucios de alquileres

  • Suspensión de desahucios. Nuevo plazo: desde la entrada en vigor del RDL hasta el fin del estado de alarma (09/05/21). Ahora, hasta el 31/01/21). 
  • Se vincula la suspensión a la prórroga del estado de alarma del RD 956/2020. Si se prorrogara una vez más, se debería añadir para extender el plazo.
  • Clarifica por primera vez que afecta tanto a desahucios por impago como finalización de contrato.
  • Si no hay fecha de lanzamiento, se puede pedir la suspensión de la vista.
  • La parte demandada debe acreditar vulnerabilidad, de acuerdo al artículo 5 del RDL 11/2020. El arrendatario debe acreditar ALGUNA de las situaciones de los supuestos de las letras a) y b):
    • Pase a estar en situación de desempleo  (de forma extensiva, interpretamos que si ya se encontraba en paro, entra igual), ERTE, o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, cumpliendo unos límites de ingresos el mes anterior.
    • Que la renta del alquiler + gastos y suministros básicos ≥ 35% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar. Gastos y suministros básicos = suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, telecomunicación fija y móvil, y contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual.
  • Cuando el demandado acredite su situación de vulnerabilidad, el LAJ (secretario judicial) se lo comunicará al demandante en 10 días (2 semanas sin festivos), quien puede acreditar también vulnerabilidad o riesgo de situarse en ella.
  • Una vez recogidos todos los escritos, el LAJ comunicará la situación a los Servicios Sociales, quienes en 10 días (2 semanas sin festivos) deberán valorar la vulnerabilidad de las partes e indicar las medidas a tomar.
  • El juez, una vez disponga de toda la documentación del caso, deberá dictar auto acordando la suspensión si la vulnerabilidad está acreditada. Si no lo está, tirará adelante con el procedimiento.
  • El auto debe indicar que una vez deje de estar en vigor el estado de alarma, los plazos se reanudarán automáticamente.
  • Si se acredita la vulnerabilidad, la Administración tiene que adoptar las medidas que se indiquen en el informe de Servicios Sociales (¿lo habrá?) durante el plazo de suspensión (es decir, durante el estado de alarma). Cuando se adopten las medidas (¿pasará alguna vez?), la Administración lo comunicará al Tribunal para que levante la suspensión en 3 días.

2. Suspensión de otros desahucios

  • Plazo: desde la entrada en vigor del RDL hasta el fin del estado de alarma (09/05/21).
  • Abarca: precario, ocupación, ejecución de títulos judiciales. Finalmente no entran procesos penales.
  • Sujetos afectados: personas jurídicas y personas físicas con más de 10 viviendas. Redacción confusa: “pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas”. ¿Se requiere que las jurídicas también sean titulares de más de 10 viviendas? Luchemos para que se interprete así en Juzgados.
  • Personas afectadas deben cumplir con los supuestos de la letra a) del art. 5 del RDL 11/2020:
    • Pase a estar en situación de desempleo (de forma extensiva, interpretamos que si ya se encontraba en paro, entra igual), ERTE, o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, cumpliendo unos límites de ingresos el mes anterior.
  • El Juez deberá tomar la decisión ponderando las siguientes circunstancias:
    • Entrada o permanencia motivada por situación de extrema necesidad, valorando el informe de Servicios Sociales.
    • Cooperación de los ocupantes con la Administración para buscar una alternativa.
  • Además en el hogar deberá encontrarse alguna persona que cumpla con lo siguiente:
    • Dependiente
    • Víctima de violencia contra la mujer
    • Menor de edad
  • El LAJ, una vez recogida la documentación, la trasladará al demandante/denunciante y a los Servicios Sociales, quienes deberán emitir informe en 15 días (3 semanas sin festivos).
  • Si la situación de vulnerabilidad queda acreditada, el Juez ponderará las demás circunstancias y dictará auto en su caso acordando la suspensión del lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma.
  • Si no se acredita la vulnerabilidad, no cumplen requisitos o se dan otras circunstancias (que a continuación resumimos), el procedimiento tira para adelante.
  • Durante la suspensión, la Administración deberá tomar las medidas indicadas en el informe si se cumplen la situación de vulnerabilidad u otras adecuadas para “satisfacer la necesidad habitacional” de la persona y “que garanticen su acceso a una vivienda digna”.
  • Circunstancias que no permiten la suspensión:
    • Vivienda de persona física que sea domicilio habitual o segunda residencia.
    • Vivienda de persona jurídica cedida a persona física para domicilio habitual o segunda residencia. 
    • Entrada o permanencia consecuencia de delito
    • Indicios racionales de que se están realizando actividades ilícitas (narco-pisos, proxenetismo…).
    • Ocupación posterior a la entrada en vigor del RDL.
    • Viviendas públicas o privadas destinadas a vivienda social.

3. Compensación para arrendadores (pequeños y grandes tenedores) afectados por la suspensión del desahucio

  • Sólo se podrá pedir compensación si la Administración no ha tomado las medidas del informe de Servicios Sociales en 3 meses.
  • Valor medio de alquiler de vivienda en el entorno (vía índices de referencia u otros criterios objetivos).
  • Se suman gastos corrientes acreditados (IBI, suministros, comunidad…).
  • Compensación desde la suspensión hasta su levantamiento o fin del estado de alarma. No hasta la fecha del desahucio.
  • Si el precio medio del alquiler es superior a la renta del alquiler, se compensará con la renta del alquiler.
  • No distingue entre pequeños o grandes tenedores.
  • La solicitud podrá realizarse hasta 1 mes después del fin del estado de alarma y el arrendador deberá presentar escrito con la cantidad adecuada de acuerdo a lo comentado antes.
  • Compensación a cargo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y gestionada por las CCAA.

4. Compensación para propietarios de los demás casos (ocupación)

  • Sólo se podrá pedir compensación si la Administración no ha tomado las medidas del informe de Servicios Sociales en 3 meses.
  • Sólo se podrá pedir compensación si el propietario acredita que la suspensión del lanzamiento ha supuesto un perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o alquiler antes de la entrada en el inmueble de los ocupantes.
  • Valor medio de alquiler de vivienda en el entorno (vía índices de referencia u otros criterios objetivos).
  • Se suman gastos corrientes acreditados (IBI, suministros, comunidad…).
  • Compensación desde la suspensión hasta su levantamiento o fin del estado de alarma. No hasta la fecha del desahucio.
  • La solicitud podrá realizarse hasta 1 mes después del fin del estado de alarma y el arrendador deberá presentar escrito con la cantidad adecuada de acuerdo a lo comentado antes.
  • Compensación a cargo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y gestionada por las CCAA.

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Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Noticia original: https://afectadosporlahipoteca.com/2020/12/23/a-pesar-del-decreto-los-desahucios-seguiran/

Importante victoria de la PAH para miles de familias

Aunque limitado en el tiempo y el contenido, el Decreto Stop-Desahucios extenderá la protección a personas vulnerables que el Gobierno estaba dejando atrás

Si como todo parece indicar, hoy se aprueba en el Consejo de Ministros un Decreto Stop-Desahucios que desde la PAH venimos reclamando desde abril, miles de familias y personas vulnerables podrán permanecer en sus casas, aunque sea por un tiempo breve. Si además se les respeta el Derecho a los suministros básicos, este país sumará un paso adelante en referencia al Derecho a la Vivienda, avance que lucharemos para que no se detenga al finalizar el estado de alarma.

La PAH ya denunciamos en abril que las insuficientes medidas del Gobierno no suspendían los desahucios, que el descenso de estos no se debía a la protección derivada de los reales decretos, sino de la paralización de los juzgados. Más de 10.000 desahucios tras su reactivación nos daban la razón.

A falta de conocer el detalle, que esperamos ver mañana en el BOE, desde la PAH valoramos positivamente el precedente creado, a partir de nuestra lucha con el resto del movimiento de vivienda. Un decreto que nos tiene que servir cara a la futura Ley Estatal de Vivienda, que debiera mirarse en la 24/2015 de Cataluña y en leyes autonómicas vascas y valencianas que tanto ha peleado la PAH.

Rechazamos con rotundidad las compensaciones económicas a grandes tenedores, quienes, o nos deben su parte del rescate en la crisis anterior o ni siquiera tributan en España, ya sea radicándose en paraísos fiscales o utilizando el agujero fiscal de las socimis. Una compensación indecente que solo cabe traducirse por la cesión del Gobierno a los intereses de los grandes propietarios de este país. Dinero público que una vez más acabará en manos de corporaciones cuyo único objetivo es ganar cuanto más dinero mejor, sin importarles el coste social de su actividad. No entendemos ni aceptamos esta cesión del Gobierno.

No podemos más que insistir en la propuesta que, con un amplio respaldo, hicimos al Congreso en junio: una tregua total de desahucios hasta que entre en vigor una ley de vivienda, lo suficientemente potente para hacer cumplir con los derechos humanos en España y acabar con los desahucios de todas las personas vulnerables sin alternativa de vivienda adecuada. El horizonte del fin del estado de alarma como fecha de prohibición de desahucios y cortes de suministros es demasiado corto frente a las crisis sanitaria y económica que padecemos.

También exigimos del Gobierno, medidas que movilicen las viviendas vacías de la banca -y en especial de la Sareb y Bankia- que, además de encarecer la vivienda, están impidiendo el acceso a un hogar a millones de personas en nuestro país. Viviendas que deberían usarse para garantizar ese realojo antes de tres meses para las familias desahuciadas, por parte de las Comunidades Autónomas. Medida supuestamente requerida en este nuevo Real Decreto, que será totalmente ineficaz si no se busca la manera de ampliar de forma urgente un inexistente parque público.

Con todas sus insuficiencias y defectos, una medida que paraliza los desahucios solo puede ser celebrada como victoria por la PAH, aunque sea parcial. Mañana, BOE en mano, y tras analizar el alcance real de las medidas, haremos una valoración en detalle de las mismas.

Seguiremos en lucha hasta lograr que el Derecho a la Vivienda sea un derecho real en España.

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Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

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28 DICIEMBRE 2020 FECHA LÍMITE PARA RECLAMAR GASTOS HIPOTECA

El próximo 28 de diciembre de 2020 es el último día para reclamar los gastos de constitución de hipoteca, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Supremo español de diciembre de 2015 y refrendada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por ello ponemos a tu disposición el siguiente formulario para que lo presentes al banco rellenado.

Debes hacer dos copias, una de las cuales te las deben devolverl al momento sellado con la fecha del día a efectos justificante de recepción.

En caso que la entidad financiera nos solicite la documentación o justificantes de pago de los gastos que se reclaman no debemos preocuparnos, no tenemos obligación de aportar dicha documentación (aunque si la tenemos siempre agiliza el trámite) pues dicha documentación o copia de la misma debe obrar en poder de la entidad financiera pues fue aquella quien designara a quien realizó las gestiones e hizo los pagos con dinero de nuestra cuenta corriente, con lo que la falta de justificantes de en base a que se realizaron esos pagos podría constituir indicio de delito de apropiación indebida al no demostrar el dinero que el banco cogió de nuestra provisión de fondos fue a parar donde dijo que fue a parar.

PAH Mallorca

Fuente: PAH Mallorca

Noticia original: https://pahmallorca.wordpress.com/2020/12/21/28-diciembre-2020-fecha-limite-para-reclamar-gastos-hipoteca/

Siguen los desahucios mientras el Gobierno de Pedro Sánchez estudia cómo rescatar de nuevo a la banca, fondos buitre y grandes propietarios

En plena crisis sanitaria debe impedirse por todos los medios que se eche a personas y familias a la calle sin alternativa de vivienda adecuada y segura, por responsabilidad y por salud

Los desahucios sin alternativa de vivienda adecuada continúan produciéndose de manera alarmante. En los primeros nueve meses de este año, se han producido 18.138 desahucios, entre hipotecas, alquileres y en precario.

Es una falacia afirmar que, en la actual situación de pandemia, se hayan acabado los desahucios. Ni mucho menos, tan falso como que «nadie se queda atrás». Los Reales Decretos han dejado a muchos sectores sin protección, como las familias y personas vulnerables anteriores a la COVID-19. También a cualquiera que no pueda demostrar que su situación de vulnerabilidad procede directamente de la COVID, o aun habiéndoles afectado no tienen contrato de alquiler al amparo de la LAU. Se deja atrás a los diferentes colectivos que tenían al principio una protección que ahora se les ha quitado, como quienes se encuentran amenazados por impago de la hipoteca y se les aplica la cuestionada Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. No puede haber excepciones a la hora de garantizar que todas las personas vulnerables tengan un realojo de vivienda digna.

Necesitamos el #DecretoStopDesahucios ya. Cada día que pasa, 160 familias son arrojadas a la calle, 800 familias cada semana. Es hora de escuchar y dar respuesta a todas las familias vulnerables, que están siendo desahuciadas y viendo sus suministros básicos cortados.

La crisis económica que la COVID-19 ha agravado, no remitirá porque se declare el fin del estado de alarma. La imposibilidad de hacer frente a los altos precios de la vivienda, continuará todos estos meses, con la consiguiente oleada de desahucios si la moratoria dura solo en función del dato puntual de contagios. Máxime cuando además un estudio de varias universidades estadounidenses demostró que los desahucios provocaron más de 400.000 contagios y 10.000 muertes adicionales en EEUU.

Ante esta situación, la PAH arrancó en el Congreso un compromiso, firmado por suficientes partidos políticos, para que el #DecretoStopDesahucios tuviera mayoría absoluta aplastante en el caso de que el Gobierno lo promulgara, pero reiteradamente se está retrasando. El Gobierno encontraría mayoría suficiente para paralizar todos los desahucios hasta al menos finales de 2022 o la entrada en vigor de una ley de vivienda que responda a las demandas de la PAH.

Desde la PAH entendemos que los bancos, fondos buitre, grandes propietarios y las energéticas de este país, aparte de ser rescatadas con dinero público, continúan dictando al supuesto gobierno progresista las leyes que han de aprobarse y las que no. Nos quedamos perplejas con la noticia de que desde el Gobierno no solo aplazan el #DecretoStopDesahucios, sino que encima le ponen trabas.

Las últimas informaciones aumentan nuestra indignación porque, al parecer, sectores del gobierno pretenden condicionar el derecho a la vivienda con el beneficio de bancos y fondos buitre, ya que se está planteando, una vez más, abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda cantidades equivalentes a alquileres de mercado derivado de la paralización de los desahucios, en vez de hacerles corresponsables solidarios, al ser la vivienda un bien social de primera necesidad.

Nos parece vergonzoso que el capital especulativo tenga tanto poder y voceros gubernamentales para: aprovecharse de la situación de emergencia habitacional, intentar un nuevo rescate al sector inmobiliario. Hablamos de situaciones graves de vulnerabilidad y no de sostener los beneficios en la cuenta de resultados de grandes tenedores como Blackstone, BBVA o Banco Santander, que siguen obteniendo millones en beneficio ordinario en este año de pandemia.

Desde la PAH entendemos que no se puede entregar ni 1 euro de dinero público si previamente no se devuelve a la ciudadanía el rescate bancario impagado y la inyección permanente de dinero que supone perdonar a los fondos buitre y SOCIMIS el pago de impuestos, permitiendo que se ubiquen en paraísos fiscales unos, y a otros unas condiciones ventajosas fiscales. Bajo ningún concepto se pueden dar por perdidos dineros públicos y, al mismo tiempo, arruinar permanentemente los fondos públicos que han de estar destinados a salir de la pobreza, cumplir derechos constitucionales y humanos, como la vivienda, ayudando a la ciudadanía a enfrentar los efectos socio-económicos actuales. Que compensen ellos ese rescate en vivienda, obtenida de su estafa y burbuja inmobiliaria tras más de 1 millón de desahucios desde 2008.

No ha habido compensación alguna a las familias a las que se les ha quitado la vivienda con cláusulas abusivas. Tampoco a quienes se les ha privado del derecho a la vivienda durante todos estos años de precios no ajustados a los ingresos; ni tampoco a mucha clase trabajadora afectada por la COVID-19.

La PAH defiende compensaciones de justa supervivencia al pequeño propietario de viviendas porque no le hacemos responsable de la situación actual de emergencia social. Es decir:  entendemos que no ha de perjudicarles la paralización de los desahucios en llegar a hacer frente a sus necesidades más básicas y urgentes, y por supuesto, evitar toda repercusión que pudiera devenir en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, todo planteamiento respecto a los grandes tenedores debe partir de que ofrezcan la relación de las personas y familias que tienen en el punto de mira por impago de hipotecas, alquileres u ocupación; e identificando las situaciones de emergencia, compensar los beneficios del rescate bancario y fiscal. Solo con una actitud de compromiso y búsqueda de soluciones sociales puede haber un avance.

En este sentido, animamos al Gobierno a que consiga de estos grandes tenedores, además de la paralización de los desahucios al menos hasta el 31-12-2021, alternativas más definitivas contra la emergencia habitacional, como convenir nuevos contratos de alquiler social (7+3 años) con cantidades que puedan ser asumidas realmente por las familias en función de la situación de pobreza y vulnerabilidad; y, por supuesto, siempre que no suponga hacer de nuevo el agosto con el dinero público, sino la puesta en marcha de una auténtica responsabilidad social compartida. Si no, las afectadas por desahucio tendrán que seguir recuperando por extrema necesidad la vivienda que los bancos tenían cerradas, ¿acaso no es la justa solución un alquiler social?

Sería absolutamente regresivo anteponer el lucro en medidas destinadas a proteger la función social de la vivienda, la protección a la persona vulnerable que la habita y los derechos humanos que no es cuestión de compensar sino de cumplir y que competen a todos, incluidos los grandes tenedores.

Sería esperpéntico que se diseñe una situación que beneficie a los grandes especuladores, y encima se obligue a hacer frente a unas obligaciones tan onerosas que una vez más, conduzca a lanzamientos por ser insostenible abonarlas; sería conseguir cerrar el círculo de la vergüenza, donde el capital consigue no solo poner a la ciudadanía a sus pies sino arrodillar a todo el aparato del Estado, que según la Constitución es un Estado Social y Democrático de Derecho que se rige por el bien general de la población, no el del oligopolio financiero.

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Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Noticia original: https://afectadosporlahipoteca.com/2020/12/15/los-desahucios-no-son-excusa-para-nuevo-rescate-a-la-banca/

El Gobierno sigue dando la espalda a los desahucios

PSOE sigue buscando excusas y alargando el sufrimiento de la gente, ante la presión de los lobbies inmobiliarios y financieros

Como denunciamos la semana pasada, en función de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en los primeros nueve meses de este año, se han producido 18.138 desahucios, entre hipotecas, alquileres y en precario. Datos alarmantes en plena pandemia y a pesar del confinamiento que durante 3 meses frenó toda la actividad judicial.

¿El sufrimiento de cuántas familias más necesita un gobierno, que presume de progresista y de ser el más social de la historia, para hacer un Decreto Stop Desahucios que pare esta alarma social? ¿Para qué valen los compromisos políticos de las fuerzas parlamentarias en el Congreso? ¿O no son ellos los que gobiernan?

Una vez más, vemos que una solución de mínimos y de justicia social, como es detener los desahucios y los cortes de suministro de familias y personas vulnerables, vuelve a intentar frenarse por aquellos cuya única preocupación es maximizar sus beneficios, sin importarles el coste social.

No puede ser que los bancos, fondos buitre, grandes propietarios y las energéticas de este país continúen dictando al supuesto gobierno progresista las leyes que han de aprobarse y las que no. Nos quedamos perplejas con la noticia de que desde el Gobierno no solo aplazan el #DecretoStopDesahucios, sino que encima le ponen trabas.

Es hora de escuchar y dar respuesta a las familias vulnerables que están siendo desahuciadas y viendo sus suministros básicos cortados. Hay que dejar de lado a supuestos «expertos» como el BBVA (1.258 M € de beneficio ordinario solo en el primer trimestre 2020), al Banco Santander (1.909 M € de beneficio ordinario en el primer trimestre 2020), a Blackstone (490 M € de beneficios en el segundo trimestre 2020, un 86% más que en segundo trimestre 2019) o a Endesa (beneficio ordinario neto a cierre de septiembre 2020 de 1.700 millones de euros, con un crecimiento del 38,4%). Las cifras demuestran en qué son expertos en realidad.

Nos quedamos perplejas con las noticias que llegan, que desde el Gobierno no solo aplazan el #DecretoStopDesahucios, sino que encima le ponen trabas. Nada justifica que no gobiernen para atender y amparar a las personas vulnerables y en precario, que son desahuciadas sin alternativa de vivienda. Nada justifica que sigan poniendo vidas en juego, como la de la persona fallecida hace solo cinco días en Collado Villalba. Vemos solo parches para eludir su responsabilidad y compromiso, atendiendo más a los intereses de quienes provocan esta situación que al sufrimiento de las familias.

Señalamos por ello a este gobierno como cómplices de que se queden atrás miles de personas, echándolas a la calle tal y como reflejan los últimos datos del CGPJ y los desahucios practicados. El Gobierno deber recordar que TODOS los desahucios que se están produciendo en estos momentos son responsabilidad directa suya, ya que es su falta de voluntad política para aprobar una verdadera moratoria lo que los permite.

Ya denunciamos cuando las anteriores medidas tomadas por el Gobierno dejaron fuera la moratoria en el pago de las hipotecas, lo que conllevará dentro de un año un incremento considerable en la cifra de desahucios por este motivo, por impago y sobreendeudamiento inasumible.

El Gobierno debe empezar a estar a la altura y sumarse a los esfuerzos diversos que, día a día, confluyen para paralizarlos. Como el de las 31 familias de la Pobla de Vallbona (Valencia). Sin ellos se había arrojado de sus viviendas a 94 personas: es necesario el Decreto, que no pase ni un día más. No se puede consentir, por ejemplo, que BBVA-Divarian-Cerberus-Haya desahucien a bloques enteros. Es necesaria una clara determinación frente a esta confabulación súper agresiva del capital, imperturbable con los 25 menores, 3 discapacitados y una compañera embarazada. Es momento de dar pasos, y no solo este de paralizar los desahucios, sino de ofrecer alternativas: obligar a banca rescatada, Bankia, Sareb y fondos a generar el necesario parque público.

A estas alturas, no se entienden las dudas surgidas por parte del PSOE, aunque entran dentro de su lógica política y capitalista. Meses han tenido para solventar esta situación y lo urgente no puede esperar más. A todos los partidos que apoyaron el documento #DecretoStopDesahucios de la PAH (Más País, Compromís, Unidas Podemos, BNG, EH ildu, CUP, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Nueva Canarias) les pedimos que, como se comprometieron, condicionen la aprobación de los presupuestos a la aprobación de una verdadera moratoria.

Teniendo en cuenta todo lo que venimos expresando, exigimos que sea aprobado en el próximo Consejo de ministros, del día 15 de diciembre, el #DecretoStopDesahucios y que no se queden atrás más familias por los efectos de la crisis económica que está provocando la sanitaria. 

La PAH estará vigilante y movilizada y no permitirá más retrasos ni recortes en el texto ya acordado. 

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Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

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Las cifras sobre desahucios siguen siendo alarmantes

Lo llevamos anunciando desde el principio del estado de alarma y las cifras nos dan la razón

El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público las cifras del tercer trimestre de 2020. Cifras que siguen poniendo en evidencia las medidas de protección actuales, esas que según el Gobierno no dejan a nadie atrás. La necesidad de un Decreto Stop Desahucios, para todo tipo de vulnerabilidades y más completo que el acuerdo anunciado esta semana, se pone en evidencia más que nunca.

Desahucios 3º trimestre: 7096

  • Ejecuciones hipotecarias:  22% – 1564
  • Alquiler: 73,1% – 5190
  • Otras causas: 342

Total de los 9 meses del 2020: 18.138 

Estos datos muestran una ascensión del 30,2% – 7096, respecto al trimestre anterior. La noticia no puede ser el descenso respecto al año 2019, ya que este viene provocado por la paralización de la actividad durante el confinamiento de los meses de marzo, abril y mayo. Los desahucios suspendidos en ese segundo trimestre van reactivándose a velocidades de vértigo lo que prevé un cierre de año escalofriante.

En los lanzamientos consecuencias de procedimientos derivados de la LAU, encabezan la lista de la vergüenza, Cataluña con 820, Andalucía con 765, Comunidad Valenciana con 739 y Madrid con 553.

En cuanto a los derivados de Ejecuciones Hipotecarias, lidera la Comunidad Valenciana con 369, seguida por Andalucía con 342, Cataluña con 195 y Murcia con 172.

Los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados en el 3º trimestre de 2020 fueron de 14.117 un 11% más que el mismo trimestre del 2019. Terminaron en cumplimientos positivos 6626, lo que podría significar más de 20.000 personas en la calle por falta de realojos en viviendas dignas por parte de la administración pública.

Este trimestre nos deja la cifra alarmante de 5299 presentaciones de Ejecuciones Hipotecarias. Un 52,7% más que en el mismo período del 2019. Cataluña lidera estás cifras con 1221 (23% del total Nacional), Andalucía 980, Valencia 893, Madrid 522, Murcia 340, lo que reafirma que, aun levantando la situación de emergencia sanitaria por parte del Gobierno, la economía seguirá sufriendo para llegar a una reactivación.

Este crecimiento preocupante de las ejecuciones hipotecaria, refleja la realidad de la gente y es una clara muestra de desprotección a la que se ha sometido a las familias hipotecadas, como ya denunciamos hace meses. Familias que, como ya pasó en los años de estallido de la crisis económica del 2008, se están viendo empujadas por el Estado a sobreendeudarse y aun proceso, que desde la PAH conocemos demasiado bien, de perdida de la vivienda.

La historia se repite, se cometen los mismos errores y de no poner remedio repetiremos resultados: miles de familias trabajadores perdiendo su vivienda tras años de esfuerzo para lograrla y la banca frotándose las manos con la cartera de inmuebles »tóxicos» que van a adquirir para seguir llenándose los bolsillos y alimentando a los fondos buitre.

El caso de los desahucios por ocupación, incluidos en otras causas y no siendo su totalidad, demuestra la desproporcionalidad de la campaña de criminalización de la pobreza orquestada por la banca, la derecha y alimentada por los medios mayoritarios que comen de su mano. Una cortina de humo muy bien elaborada para tapar los verdaderos problemas: la burbuja del alquiler y la todavía existente estafa hipotecaria.

Mientras el Gobierno sigue jugando a la oca, recortando derechos fundamentales en Decretos insuficientes, en tiempo y forma, las familias se ven con el agua al cuello y devuelta a la casilla de salida. Este Gobierno que ya ha anunciado un acuerdo para llevar a cabo parte de las demandas exigidas por la PAH y otros actores sociales, tiene todavía unos días por delante para aprovechar esta ocasión histórica para ponerse realmente del lado de las familias.

Desde la PAH, saludaremos cualquier avance realizado gracias a nuestra presión y negociaciones, pero seguirán teniéndonos de frente hasta que cubran el 100 por 100 de nuestras demandas. Sólo así garantizaremos el derecho a la vivienda en este país, tantos años coartado.

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Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Noticia original: https://afectadosporlahipoteca.com/2020/12/04/las-cifras-sobre-desahucios-siguen-siendo-alarmantes/

Si empujamos se mueven

Se ha hecho público un acuerdo entre José Luis Ábalos y Pablo Iglesias para hacer efectivo un Decreto Stop Desahucios que hubiera sido imposible sin la presión, exigencias y negociaciones de la PAH.

Desde la PAH valoramos positivamente los datos que vamos conociendo a través de los medios, en relación con el acuerdo alcanzado entre Unidas Podemos y PSOE, para la suspensión temporal de los desahucios. Sin embargo, aún desconocemos la totalidad del texto pactado y lo que pueda quedar tras la fiscalización por parte del Ministerio de Economía, por lo que lejos de celebrar seguiremos vigilantes.

Advertimos que la temporalidad limitada a la vigencia del actual estado de alarma se queda corta, dada la crisis económica derivada de la sanitaria, cuyos efectos y precariedad en alza no se solucionarán aunque retomemos cierta normalidad. También echamos notoriamente en falta la prohibición de los cortes de suministros básicos, máxime en época de frío invernal. Reclamamos que en lo que le queda antes de su llegada al Consejo de Ministros, estos aspectos sean mejorados. Por otro lado, y ante la falta de vivienda pública y social, hacen falta mecanismos que culminen en alquileres sociales por parte de los grandes tenedores, dado que los procedimientos judiciales continúan acumulándose en esta segunda ola de la crisis.

Este acuerdo es fruto de la insistencia y tenacidad de la PAH, que comenzamos el año con la campaña #ViviendaPorDerecho reclamando el cumplimiento del dictamen DESC de Naciones Unidas: ningún desahucio sin alternativa de vivienda adecuada. Ya propusimos una iniciativa parecida en el Congreso ante la Comisión de Reconstrucción el pasado mes de junio, como parte del plan de choque social y ante la necesidad de una vivienda segura. Y protestamos duramente por lo insuficiente del primer decreto. Desde entonces hemos trabajado en la campaña #DecretoStopDesahucios para recabar apoyos parlamentarios y sociales a esta propuesta. El pasado día 11 de noviembre se cristalizó con la firma de un compromiso con nosotras por parte de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, Junts per Catalunya, Más País, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias, que garantizaba la mayoría suficiente, en caso de ser apoyado también por el PSOE.

Tras más de 11.000 familias desahuciadas el primer semestre del año, se trata de un acto de justicia social y de respeto a los Derechos Humanos, aunque sea solo temporal. En la PAH seguiremos luchando para conseguir mejores condiciones, sobre todo a través de la Ley Estatal de Vivienda. Pero urge aprobarla ya, para que su retraso no deje a cientos de familias más en la calle.

¡Sí se puede!

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Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Noticia original: https://afectadosporlahipoteca.com/2020/12/03/si-empujamos-se-mueven/

No pueden pedirnos que nos quedemos en casa mientras se siguen produciendo desahucios

Hace apenas 10 días, gracias a la campaña de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para que el Gobierno firme un Decreto que ponga fin a los desahucios durante la pandemia, conseguimos en el Congreso un compromiso firmado por …

Stop Desahucios en Córdoba

Fuente: Stop Desahucios en Córdoba

Noticia original: http://stopdesahucios.15mcordoba.net/2020/11/24/no-pueden-pedirnos-que-nos-quedemos-en-casa-mientras-se-siguen-produciendo-desahucios/