Archivo por meses: enero 2021

El Tribunal Constitucional anula la ampliación de las medidas antidesahucios de la Ley 24/2015 conseguida con el Decreto ley 17/2019

El ataque del PP y la pasividad del PSOE, dejan la Ley 24/2015 sin el alquiler social obligatorio en extinciones de alquileres y ocupaciones y anula las renovaciones de alquileres sociales

La protección en desahucios de hipoteca e impago de alquiler sigue vigente

La semana pasada advertimos en una rueda de prensa delante del Parlament y acompañadas de una amplia representación de la sociedad civil y política catalana, del inminente y grave riesgo de una sentencia del Tribunal Constitucional que recortara la ampliación de la Ley 24/2015, conseguida en diciembre de 2019 gracias a la aprobación del Decreto ley 17/2019.

Asimismo, aprovechamos para exigir al PSOE, titular del Ministerio que se ocupa de las relaciones con las Comunidades Autónomas, que aceptara un acuerdo con la Generalitat, para defender ante el Tribunal la constitucionalidad de las medidas antes de que se debatiera la sentencia, lo que no ha sucedido.

Anoche, después de varias filtraciones sobre la posible sentencia, el mismo Tribunal Constitucional publicó una nota de prensa donde listan los artículos que quedarían anulados. A la espera de que se publique la sentencia, donde veremos de forma definitiva cómo quedan realmente las medidas y cuáles son los argumentos del Tribunal, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 publicamos hoy un comunicado de urgencia para clarificar el escenario actual y colaborar con el fin de evitar confusiones.

Las medidas de la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes, teniendo en cuenta las originales y las que se introdujeron en su ampliación, que son las que el Tribunal habría anulado, quedarían de la siguiente manera (cuando se publique la sentencia ampliaremos):

A) Medidas que siguen vigentes: (Ley 24/2015 recuperada de la anterior impugnación):

  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en ejecuciones hipotecarias.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en impagos de alquiler.
  • Interrupción de los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria y de impago de alquiler hasta que se produzca la oferta de alquiler social.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores.

B) Medidas que se anulan: (ampliación Ley 24/2015 por el DL 17/2019):

  • Renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales llegan a su fin.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en extinciones de contratos de alquiler.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en algunos casos de ocupación.
  • Duración de los contratos de alquiler social (5/7 años). En este caso, habría que acudir a la LAU, en la cual se establece el mismo plazo.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, queremos manifestar que:

  1. Las filtraciones de la sentencia cuando no ha sido publicada cuestionan de nuevo la imparcialidad del Tribunal. El hecho de que el Decreto ley 17/2019 incluyera otras medidas de vivienda también impugnadas (definición vivienda vacía, incumplimiento función social y expropiación de uso, etc.), ha añadido aún más ruido. Por otra parte, esta misma semana el Tribunal ha admitido a trámite otro recurso del PP contra la Ley 11/2020 de regulación de los alquileres impulsada por el Sindicato de inquilinas, que nos indigna, pero no la suspende (!), que es lo que los lobbies y la prensa afín quieren hacer creer.
  2. Si la justificación de la anulación es que la ampliación se aprobó por la vía del decreto ley, limitado a los casos de urgencia, se demuestra una vez más cómo los grandes poderes del Estado son totalmente ajenos a la actual situación de emergencia habitacional y el drama de miles de familias a la espera de un desahucio.
  3. Si el motivo para anular el decreto ley es de forma y no de fondo, exigimos desde este momento al futuro Gobierno de la Generalitat y al próximo Parlament, que la primera ley que apruebe de urgencia la nueva cámara sea artículo por artículo el texto anulado por el Tribunal Constitucional.
  4. Hasta entonces, haremos responsables al PP ‒por recurrir la ampliación‒ y al PSOE ‒por bloquear cualquier acuerdo con la Generalitat‒ de todos los desahucios que se produzcan y que se podrían haber evitado.
  5. Ante la avalancha de desahucios que podemos vivir una vez se levante el estado de alarma y las moratorias parciales de desahucios y como efecto de la anulación, vamos a exigir a las Administraciones públicas el realojo adecuado de todas las familias desahuciadas, tal como marca la Ley 24/2015: «¿un desahucio?, ¡un realojo!«

No nos vamos a quedar de brazos cruzados y reaccionaremos a todos los niveles ante este nuevo ataque de la banca, los especuladores, los buitres y los partidos y tribunales a su servicio.

Ayer comenzó la campaña electoral: advertimos a quienes serán cabeza de lista que convocaremos acciones de protesta en todo el territorio para dejar claro que no toleraremos más desahucios en ningún sitio.

Al menos 3.289 familias pueden ser desahuciadas en Catalunya en los próximos meses por haberse anulado el alquiler social que esperaban.

¡No lo permitiremos! ¡Recuperaremos las medidas antidesahucios anuladas!

#DefensemLa24 #DefensemHabitatgeDigne

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El Tribunal Constitucional anula la ampliación de las medidas antidesahucios de la Ley 24/2015 conseguida con el Decreto ley 17/2019

El ataque del PP y la pasividad del PSOE, dejan la Ley 24/2015 sin el alquiler social obligatorio en extinciones de alquileres y ocupaciones y anula las re

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El Tribunal Constitucional anul·la l’ampliació de les mesures antidesnonaments de la Llei 24/2015 aconseguida amb el Decret llei 17/2019

L’atac del PP i la passivitat del PSOE, deixen la Llei 24/2015 sense el lloguer social obligatori en extincions de lloguers i ocupacions, i anul·la les

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ANTE LA RADICAL NULIDAD DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE UN CONTRATO DE ADHESIÓN A TRAVÉS DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 693.2 L.E.C. NO PUEDE OPONERSE NI LA EXISTENCIA DEL ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO NI EL `EFECTO DE COSA JUZGADA´.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil es ese texto legislativo que regula los procedimientos legales y por tanto ajusta la forma y la medida en las … Leer más

PAH MADRID

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Guía PAH para suspender desahucios en Catalunya durante el estado de alarma

En Catalunya existen dos normas distintas (una estatal y otra autonómica) que ofrecen la posibilidad de pedir la suspensión de nuestro desahucio ante el

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Guia PAH per a suspendre desnonaments a Catalunya durant l’estat d’alarma

A Catalunya hi ha dues normes diferents (una estatal i una altra autonòmica) que ofereixen la possibilitat de demanar la suspensió del nostre desnonament

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Victoria de la PAH para muchas familias vulnerables ocupando viviendas de la banca

El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó añadir, al Decreto Stop Desahucios del 23 de diciembre, las ocupaciones a grandes propietarios denunciadas por lo penal.

Desde marzo, la PAH llevamos denunciando los desahucios en pandemia de familias vulnerables y sin alternativa de vivienda. Pese al goteo de decretos-parche, el cacareado escudo social deja gente desprotegida, a cada paso que da, alimentando la discriminación entre vulnerables.

El decreto del 23 de diciembre para suspender los desahucios protegía únicamente la vía civil. Esto abría la puerta a que todos los grandes propietarios escogieran la vía penal, haciendo totalmente ineficaz y absurdo el decreto. Porque una norma que quiere prohibir realmente los desahucios, no puede dejar una vía abierta para que se produzcan.

Nada más aprobarse dicho Decreto, la PAH nos pusimos a trabajar para ampliar la cobertura y que también se protegiera a las familias denunciadas por ocupación de viviendas de la banca. Fruto de esta lucha, logramos que el Gobierno de España contemple, por primera vez y solo mientras dure el actual estado de alarma, una prohibición parcial de desahucios a un segmento de familias vulnerables que ocupaban viviendas de forma irregular antes de la pandemia.

Es una reivindicación fundamental situar el fenómeno de la ocupación como un grave problema de vivienda. Y que necesita una solución que no pase por el discurso habitual de criminalizar la pobreza de familias que se ven obligadas a ocupar, la mayoría con niños.

Este avance hace justicia a las recomendaciones de no discriminación en materia de desahucios, que el Comité DESC de Naciones Unidas viene reiterando a España desde 2017.

Sin embargo, la banca, los fondos buitre, junto a los partidos políticos oportunistas y pro-desahucios, han vertido desinformaciones para pervertir la realidad.

Una vez más quieren romper cualquier mejora social, vendiéndola como un atentado a la propiedad privada y un estímulo a la ocupación. Algo totalmente falso, cuando el decreto excluye, explícitamente, los allanamientos de primeras y segundas residencias, como también excluye casos donde medie violencia o actividad ilícita. Por lo tanto, se trata de vivienda vacía de la banca, ocupada por familias en necesidad, debido a la falta de parque público (solo un 2% frente al 15% de media en la UE).

Desde la PAH, reiteramos nuestro rotundo desprecio por las mafias que se lucran con la miseria, aprovechando la tormenta perfecta que constituye la ausencia de parque público, precios de alquiler inalcanzables para los salarios y un muy elevado nivel de pobreza (patente en informes demoledores de Cáritas y relatores ONU), traficando con las casas sin distinción de propiedad o situación de las mismas.

La PAH nunca hemos defendido ni alimentado la ocupación a pequeños propietarios, ni lo vamos a hacer. Nuestra lucha está en recuperar las viviendas vacías robadas por la banca a las familias, o que con estos pisos devuelvan el importe, dado por perdido, del rescate bancario. En definitiva, recuperar la función social de la vivienda a precios asequibles para la gente en vulnerabilidad económica.

Es indignante la manipulación mediática de algunos medios al servicio de la banca y la derecha reaccionaria. Ignorar cómo banca y fondos buitre adquieren las viviendas a precios ridículos, eluden el pago de impuestos mediante socimis, no tienen ninguna intención de devolver el rescate bancario, pero que aun así, van a ser compensados económicamente a precios de mercado, sobre viviendas que tenían cerradas y que muchas de ellas se construyeron a través de ayudas públicas.

Flaco favor hacen a la sociedad en general, manipulando la opinión de la gente y alimentando que se siga violando un derecho tan básico como es el derecho a techo, agua y luz.

También son lamentables las palabras del ministro Ábalos, en el sentido de que no habrá prórrogas y que tras el estado de alarma, pero en plena y aguda crisis económica, permitirán un nuevo aluvión de desahucios. Debería el ministro recordar que, si bien no es el único culpable de la inexistencia de Parque Público de Vivienda, sí es el responsable de adoptar las medidas necesarias para que se desarrolle. No puede seguir obviando la falta de aplicación del artículo 128 de la Constitución, para que las casas desocupadas propiedad de grandes tenedores puedan ser utilizadas, al menos temporalmente, como Parque Público.

El Gobierno de Pedro Sánchez nos tendrá en frente, hasta lograr una solución definitiva recogida en la próxima Ley estatal de vivienda. La PAH, junto a todas las organizaciones que lo deseen, nos vamos a emplear a fondo para que la próxima Ley Estatal de Vivienda que salga del Congreso de los Diputados, termine siendo en realidad la Ley por el Derecho a la Vivienda

La vivienda es Salud. Si quieren ayudar a favorecer la economía de la gente de este país, deben proteger, por Ley, el carácter de Bien Social de la vivienda, establecer el Derecho Subjetivo, castigar los usos anti sociales, regular los precios del alquiler y crear un Parque Público suficiente. La vivienda es futuro.

El presente es salvar vidas. Exigimos al Gobierno que decrete, en el próximo Consejo de Ministros, la paralización de todos los desahucios de las familias vulnerables aún no protegidas. No cabe seguir desahuciando en plena pandemia a una ciudadanía expuesta a un virus mortal, mucho más, si cabe, en esta situación de riesgo extremo de contagio.

Con vidas en juego, la PAH sigue luchando para que no se discrimine a nadie vulnerable y que la protección no sea solo temporal. Frente a quienes desinforman y, vía discurso del odio, criminalizan la recuperación por necesidad de viviendas de la banca rescatada, seguiremos empujando por la justicia social.

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Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

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¡Defendamos la Ley 24/2015! Exigimos al PSOE que la blinde urgentemente con un acuerdo bilateral Estado-Generalitat, antes de que el Tribunal Constitucional emita sentencia

Hoy alertamos sobre una inminente sentencia del recurso del PP contra el Decreto 17/2019 que amplió la Ley 24/2015. Del Gobierno del PSOE depende el fin d

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PAH Barcelona

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Defensem la Llei 24/2015! Exigim al PSOE que la blindi urgentment amb un acord bilateral Estat-Generalitat, abans que el Tribunal Constitucional emeti sentència

Avui alertem sobre una imminent sentència del recurs del PP contra el Decret 17/2019 que va ampliar la Llei 24/2015. Del Govern del PSOE depèn la fi defi

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