KutxaBank quiere desahuciar a Safira el 25 de Junio

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Nuestra compañera Sarifa hace cuatro años recupero y dio un uso social a una VPO que llevaba tiempo cerrada y se encontraba en una situación de abandono, en este tiempo la ha arreglado y hecho habitable ya que se encontraba en unas condiciones pésimas. En todo este tiempo nadie había mostrado interés ni por el estado ni por la titularidad de la vivienda.

Todo tiene una explicación…Kutxabank retuvo la vivienda sin ninguna preocupación del uso que se hacia de ella durante diez años, hasta que el pasado año fue descalificada como VPO y…por fin llego el momento de especular con ella y venderla en el mercado libre, momento en el que dicha entidad denuncia a nuestra compañera.

La situación actual es una orden de desahucio para el próximo 25 de Junio, desde la PAH hemos intentado contactar y ser escuchadas por los responsables de Kutxabank, que hasta el momento solo nos han dado largas y ninguna solución.

Safira tiene una discapacidad del 66% y esta gravemente enferma, recibe una pensión que no la permite acceder a un alquiler de mercado, estos hechos los conocen tanto en los juzgados como la propia entidad y aun así no acceden a sentarse a negociar un alquiler social y buscar una solución habitacional para nuestra compañera.

Desde PAH Guadalajara no vamos a permitir que Safira se quede en la calle y que Kutxabank especule con una vivienda que fue construida con un fin social y que el Estado ha permitido que Cajas y Bancos, buitres en definitiva, se enriquezcan una vez más con ellas.

#SafiraSeQueda

#SafiraVsKutxa

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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y BUENAS PRÁCTICAS (NUEVA OFICINA)

NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES.

Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54, 8ª planta)

Desde el 18/06/2018

Cita previa

Teléfonos: 976 724805 y 976 724849

Correo  electrónico: oficinabuenaspracticas@zaragoza.es .

 

Sin cita previa:

Martes o miércoles de 10 a 13 horas

Jueves de 16 a 19 horas.

 

Objeto: potenciar una cultura de calidad y centralidad de las personas en los servicios sociales.

 

Líneas de acción: 

  • Generará itinerarios para la realización de quejas y sugerencias
  • Fomentará mecanismos de participación de la ciudadanía (Procurar  el cuidado tanto de los profesionales como de las personas usuarias)
  • Realizará informes sobre satisfacción (Fomentar mecanismos de participación de la ciudadanía en la mejora y el diseño de los servicios).
  • Pondrá en funcionamiento una comisión de calidad y atención en el Consejo Sectorial de Acción Social

 

Todo esto para contribuir de manera importante en la mejora de la atención de los servicios sociales de Zaragoza.

Consideración de la persona como portadora de derechos y deberes. Esto supone no solo el reconocimiento formal de estos derechos sino el ser proactivos para generar unos servicios centrados en los usuarios y usuarias de los mismos, que les den voz y que busquen tanto la calidad como la calidez en la atención.

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COMPARECENCIA EN LAS CORTES – 12/06/18

COMPARECENCIA STOP DESAHUCIOS 12/06/2018 Ante las Cortes de Aragón:

Les aseguro que no nos satisface comparecer hoy ante esta Comisión. Nuestra presencia aquí significa que las cosas no están como deberían, sigue la pobreza de las familias que ya ha tornado en una pobreza estructural y que las Administraciones no saben cómo abordar.

Hace casi cuatro años, Stop Desahucios, compareció en esta misma Comisión para denunciar la situación de los desahucios y las carencias de las medidas que se tomaban frente a estos.

En el año 2014 se produjeron 1.736 desahucios en Aragón, de los cuales 1.336 lo fueron en la provincia de Zaragoza, en su mayoría en la ciudad de Zaragoza, en el año 2017, son 1.786 en Aragón y 1.461 corresponden a Zaragoza, por lo tanto, en el año pasado se ejecutaron 53 desahucios más que el año 2014, uno de los años considerados más duros en esta problemática social.

Los desahucios no han desaparecido, no, la diferencia está en el tipo de desalojos que se producen en este momento. En años pasados las ejecuciones se debían, principalmente, al impago de la hipoteca, que, debido a las moratorias y a que muchos procedimientos se encuentran paralizados en los juzgados a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE aclare al Tribunal Supremo cómo actuar ante la cláusula de vencimiento anticipado, han descendido.

Ahora los problemas han virado, lo han hecho hacia el alquiler, las ocupaciones y un nuevo tipo que llamamos desahucios invisibles, que son aquellos que no entran en las estadísticas, los debidos a la pérdida de la vivienda por la subida de los alquileres que se está produciendo debido a la nueva burbuja. Estos no se consideran desahucios, y no están contemplados en las medidas de urgencia de las administraciones, pero las personas se ven privadas de vivienda, lo que no deja de ser una vulneración del derecho a la vivienda.

En el año 2014, vinimos a exigir medidas legislativas, ya que con las que existían en ese momento, no se estaba solucionando en absoluto la emergencia habitacional. Las plataformas aragonesas, en ese año, diseñaron una campaña “2015 ARAGÓN SIN DESAHUCIOS” que concluyó con la firma, por parte de los grupos de izquierda de esta Cámara, del compromiso de tomar medidas legislativas de carácter urgente para poder frenar las situaciones de emergencia habitacional, en el caso de llegar al Gobierno de Aragón.

En cumplimiento de este compromiso, tras las elecciones, el nuevo Gobierno aprueba el Decreto Ley 3/2015, que recoge estas reivindicaciones. Pero este Decreto no se ha llegado a aplicar nunca, con la excusa de que era necesario desarrollar una orden sobre la vulnerabilidad, que se regula posteriormente en la Ley 10/2016, pero esta de nuevo no se ha aplicado en la parte que se refiere al derecho a realojo de las familias vulnerables antes de los lanzamientos. Tanto el Decreto como la Ley fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno el PP y quedan varios de sus artículos suspendidos cautelarmente, pero siguen vigentes los relacionados con la obligación de los poderes públicos de realojar a las familias vulnerables ante un desahucio, artículo 19, en el que se garantiza una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad familiar que sea privada de su vivienda habitual… este artículo recoge en su apartado segundo todos los supuestos de pérdida de vivienda habitual, pero en la práctica no se aplica.

Se aplican los artículos 17 y 18, que son los que determinan los supuestos de vulnerabilidad, pero el artículo 19, parece no existir.

La realidad es que se sigue aplicando el  convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

Hay que recordar que este Convenio no es una Ley, por tanto, es potestativo del Juez aplicarlo o no, si bien es cierto que en este aspecto hay bastante menos problemas que en los primeros años de aplicación. Aún así, cada juzgado actúa de forma diferente, desde una información detallada y completa desde el inicio del procedimiento, hasta el silencio más absoluto. Es el abogado de los afectados quien solicita acogerse y en los casos que no tienen, no se enteran de que existe y cuando lo hacen les cuesta mucho que les recojan la solicitud. También nos consta que muchos abogados, lo desconocen.

De este Convenio, en la anterior Comparecencia ya se explicó lo insuficiente y restrictivo que es, para poder entenderlo hay que volver a los números, por ejemplo:

En el año 2017, como he dicho anteriormente, se produjeron 1.789 desahucios, en los juzgados se detectaron 240 casos, que después del nefasto recorrido por el que tienen que pasar las familias, los realojos que se realizaron no llegaron a 90.

El recorrido de este Convenio para los procedimientos por impago de las rentas de alquiler es el siguiente:

El juzgado detecta un posible caso de “vulnerabilidad” y da traslado al IASS para que valoren la situación. Esta valoración es meramente económica, estableciéndose, por los artículos 17 y 18 de la Ley 10/16, en una vez o una vez y media, según los casos, el IPREM. Esto deja fuera a muchas familias con ingresos superiores a 11,279€ anuales. No se discrimina por miembros de la unidad familiar, por lo que puede ser que una persona sola con unos ingresos de 11.200 € anuales sea “especialmente vulnerable” y una familia de 5 miembros con 11.300€ no lo sea.

Pero no sucede lo mismo cuando el impago es de hipoteca, aquí se aplican los Reales Decretos ley 6/2012 de 9 de marzo de Buenas prácticas bancarias y El 27/2012 de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarias, aquí los requisitos de ingresos van de 3 hasta 5 veces el IPREM. 3 veces el IPREM son 19.170 € anuales.

Llegados a este punto, tras ser considerados “especialmente vulnerable” por el IASS, para poder acceder a vivienda pública, tienen que cumplir con los requisitos de la Bolsa de Alquiler Social (BAS), bolsa que se regula por un Decreto del año 2013. Aquí los que han conseguido pasar del primer obstáculo, se topan con muchos más, si hay monoparentales con hijos, es necesario tener la custodia de los menores con sentencia judicial, no basta con tener un convenio firmado por el Departamento de Familia del Gobierno de Aragón, se han dado casos de rechazo por tener el N.I.E caducado, en otras por falta de algún documento…

Luego viene cuando a los que cumplen, les mandan fuera de la ciudad, en teoría no pueden hacerlo, si hay arraigo. Tener hijos en edad escolar obligatoria, estar empleados o por temas de salud, pero la realidad es que se les manda fuera con la excusa de que no hay vivienda en la localidad. En algunos casos, por necesidad de tener cerca un hospital y no tener vehículo para el traslado, han tenido que renunciar a la vivienda, lo que les ha supuesto no poder acceder a ayudas de ninguna otra administración. Mi compañera Miriam explicará su caso.

Además, todas las medidas que se están tomando afecta únicamente a los desahucios producidos por impago de cuotas de hipoteca o de rentas de alquiler, pero la realidad es que, como he dicho antes, hay muchos más casos en los que las familias no tienen recursos para acceder a una vivienda de mercado.

En estos últimos tiempos se está haciendo campañas mediáticas en contra de la ocupación de viviendas, propiedad de entidades bancarias rescatadas con dinero público, ese dinero que falta para llevar a cabo políticas sociales. Nada tiene que ver la desesperación de un padre y una madre con hijos a su cargo que se quedan en la calle y que no ven otra salida que meterse en una vivienda vacía, con las de las mafias que se lucran con la ‘okupación’. Decir también que en Aragón, la presencia de estas mafias es casi inexistente.

Ahora vendrá, también, un aluvión de los llamados, desahucios invisibles, ya han caducado los contratos de alquiler de aquellas familias que los firmaron antes de la reforma de la LAU y que debido a la precariedad sin precedentes que estamos sufriendo en el mercado laboral, no cuentan con recursos suficientes para acceder a una vivienda en el mercado de alquiler. Están finalizando también los contratos de alquiler social conveniados con entidades sociales, cuyos dueños están decidiendo no volver a ceder esas viviendas ya que en el mercado libre conseguirán unos ingresos muy superiores.

Y, ante esto, ¿Qué se va a hacer?

Ya está bien de criminalizar a las familias, de echar la culpa a los ciudadanos de la situación de emergencia que están viviendo. Si no hay dinero, si no hay vivienda, díganlo, sean sinceros, no valen declaraciones de principios, a las personas que sufren este problema solo le sirven las soluciones y legislen. Ahora tienen el Gobierno de su parte, tienen una oportunidad de oro para cambiar una legislación en vivienda que ha sido no solamente insuficiente, sino que nos ha llevado a la situación que estamos padeciendo. Pidan una reforma de la Ley Hipotecaria, de la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar la duración de los alquileres, para controlar el incremento de las rentas y para poner obstáculos a la especulación. Mientras tanto, cumplan la Ley, esa Ley que Uds. mismos han redactado y aprobado y que daría la cobertura necesaria a estas familias. Mientras no lo hagan las están dejando en la exclusión más absoluta.

Todo esto que hemos contado, no son números, no son estadísticas, son compañeras con los que compartimos angustias, sufrimientos, dolor, preocupación, desesperación. Compañeras que me recordaron ayer que les cuente a Uds. como se sienten cuando a pocos días del lanzamiento no tienen alternativa, que les dicen que no hay vivienda, que les piden nueva documentación cuando han llevado toda la que tenían, a los que les dicen tenían que haber previsto esta situación, a las que esperan la respuesta a un recurso que no llega, a los que no les hacen el informe de vulnerabilidad porque sobrepasan los ingresos pero viven con ingresos mínimos… Estas situaciones abocan a las afectadas a buscar otras alternativas como la ocupación e incluso a vivir debajo de un puente….Pónganse por un momento en su piel, será la mejor manera para que decidan cambiar las normas.

Muchas gracias

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1.600 Viviendas Sociales cuando harían falta más de un millón.

España tiene uno de los parques de vivienda social más pobres de Europa.

Se calcula que supone un 1,5% de las viviendas en España (que son un total de 25,5 millones) frente al 11% de media europea. Y de todas las viviendas protegidas, solo un 2,5% son alquileres sociales, lejos de las cifras de otros países como Francia (17%) o Reino Unido (21%) u Holanda (30%).

El presidente de Sareb,

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Al fin un freno Judicial a los Fondos Buitres.

      Cada vez hay más sentencias judiciales condenando los abusos y las malas prácticas de los fondos buitres, nuevos propietarios de las viviendas del IVIMA y la EMVS porque los gobiernos del PP les vendieron a bajisimos precios dichas viviendas públicas, en una operación fraudulenta.

    Los tribunales han parado desahucios y reconocido el derecho de los inquilinos a reclamar la venta

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Hoy arrancamos una nueva campaña de acciones contra Bankia en defensa de las familias estafadas por la entidad más rescatada por el Estado.

Bankia fue el banco que más dinero público recibió en el rescate bancario y el que menos responde en garantizar el derecho a la vivienda de sus clientes

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