NO A LA VENTA DE SUELO MUNICIPAL. SÍ AL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

El estallido de la crisis económica en 2007 ha sido resuelta por la imposición, por parte de la troika –FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea-  de unas políticas, asumidas por los Gobiernos españoles, que han consistido en transformar la ingente deuda especulativa bancaria en deuda pública, así como en el dramático recorte de los servicios públicos para los ciudadanos. No han sido decisiones técnicas irremediables, sino decisiones políticas dirigidas a rescatar a las entidades bancarias y a dejar abandonadas a millones de familias sin recursos económicos.
Estas políticas suponen que cada vez más personas caigan atrapadas en un perverso círculo vicioso. Porque, por un lado, se socializa con dinero público las deudas provocadas por la especulación bancaria. Por otro, se provocan altísimas tasas de paro, precariedad y recortes en servicios públicos y prestaciones. Al final, las exiguas ayudas públicas se acaban, imposibilitando a muchos el acceso a necesidades básicas, como la vivienda. La paradójica conclusión es que los ciudadanos, que son los que han salvado a los bancos, son los que se encuentran en la calle por no poder pagar una hipoteca o por no poder hacer frente a un alquiler, sin que la Administración les ofrezca ninguna solución.
Los distintos Gobiernos del PP están aplicado con la máxima ortodoxia esta política injusta e inhumana. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete pidió al principio de este mandato un crédito de más de 30 millones de euros, que lleva aparejados unos intereses de 10 millones que tendremos que pagar entre toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, se han recortado severamente servicios públicos y políticas sociales. Buena prueba de ello es la política municipal de vivienda, en la que se demuestra la insensibilidad de este equipo de gobierno: inacción ante los miles de desahucios hipotecarios que cientos de familias sufren, paralización en la construcción de vivienda pública, inmovilismo en la gestión del parque público de viviendas y… venta de suelo público municipal para financiarse a costa de los ciudadanos que no tienen recursos para acceder a una vivienda.
Porque el Ayuntamiento de Albacete tiene suelo municipal, y en vez de construir vivienda social, lo subasta para poder financiarse. Así se constata en la propia página web del Ayuntamiento deAlbacete, en la que se anuncia, a través de la empresa municipal URVIAL, la venta de cinco solares, en suelo residencial consolidado, por un valor de partida que supera los 616.000 euros, susceptible de mejora por parte de las empresas que se presenten. La empresa que gane la subasta construirá y venderá vivienda libre, ya que se argumenta que hacer vivienda protegida sería incongruente al tratase de viviendas unifamiliares de dos alturas (ya se sabe, los pobres tienen que vivir en pisos hacinados). Mientras que el Ayuntamiento procede a este tipo de operaciones, para seguir pagando los cuantiosos intereses que le supone anualmente el referido crédito bancario, se han paralizado en la ciudad las promociones públicas iniciadas en el mandato anterior, tanto por la empresa URVIAL como por la Junta de Castilla-La Mancha. No sólo no se ha promovido vivienda pública de forma directa en estos cinco solares, sino que ni siquiera el Ayuntamiento ha impuesto como condición para la enajenación de los mismos, que las viviendas sean destinadas a un alquiler con opción a venta o directamente a un alquiler social, siendo seleccionados los inquilinos por el propio Ayuntamiento en base a criterios objetivos de falta de recursos económicos.  
Pero además, ahora ya podemos afirmar que el Ayuntamiento no sólo es extremadamente insensible a las necesidades de miles de ciudadanos que no llegan a fin de mes, sino que también está vulnerando de manera flagrante las leyes internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Porque si hasta ahora, determinadas tesis jurídicas mantenían que el derecho a la vivienda recogido en  la Constitución Española tenía un alcance limitado para las Administraciones, ahora todo ha cambiado a raíz de diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que crean jurisprudencia de obligado cumplimiento, en base a lo establecido por diversos tratados internacionales y europeos ratificados por el Estado español. Dicha jurisprudencia, de la que por cierto, pocos medios le han dado la extraordinaria importancia que tiene, prohíbe los desalojos arbitrarios de personas sin recursos económicos sin que haya una realojo previo por parte de las administraciones. 
En base a esta jurisprudencia del Tribunal Europeo, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca han elaborado un nuevo instrumento jurídico que establece que el Estado es siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y por tanto, quien debe procurar una solución habitacional frente a los desalojos forzosos, en especial cuando se afecta a colectivos vulnerables, como los niños. Por tanto, señor Rajoy y señoras Cospedal y Bayod , ustedes no pueden seguir dejando tiradas en la calle a cientos de miles de familias sin recursos que no pueden hacer frente a las hipotecas o a los alquileres que establece el mercado privado o las propias administraciones. Si tan disciplinados son para seguir las directrices económicas de Europa, no deberían tener problemas en seguir esas mismas directrices dirigidas a garantizar los derechos humanos de tantas familias.

En el caso de la venta de estos 5 solares en Albacete, desconozco si el PP ha contado o no con el acuerdo de los otros dos partidos con representación en el Ayuntamiento y en la empresa pública URVIAL. De momento, no me consta que nadie haya salido criticando esta decisión. En mi opinión, es un asunto grave y prioritario, por lo que hago un llamamiento a las distintas organizaciones políticas y sociales de la ciudad para exigir al Ayuntamiento que paralicen esta subasta y que en estos solares se construya vivienda pública para alquiler a precio social. No se puede consentir que se expolie de esta manera el patrimonio municipal en perjuicio de la ciudadanía que peor lo está pasando en esta ciudad. Y no sólo ésto, si se quiere dar cumplimiento a lo que exige el Tribunal Europeo de DDHH, los Gobiernos de España, CCAA y Ayuntamientos deberían aprobar Planes públicos sociales y de  vivienda para impedir que aquellas familias que no tienen recursos se queden sin un techo digno. La decisión sigue siendo política: ¿Salvamos bancos o personas?


Enrique López
http://pag-abierta.blogspot.com.es/2014/03/no-la-venta-de-suelo-municipal-si-al.html

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