Naciones Unidas acuerda solicitar a España que paralice el desahucio de Safira

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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha ordenado la paralización del desahucio de Safira, una compañera que recuperó una VPO en el Barrio de los Escritores de Guadalajara.

Safira recuperó esta vivienda tras diez años de abandono por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que permitió que Kutxabank la adquiriera tras un proceso anterior de ejecución hipotecaria sin darle el fin social que tenía, siendo además que solo podía venderla por el valor máximo legal. Fue tras finalizar el período de protección que la entidad instó la demanda de desahucio contra nuestra compañera porque ahora sí le interesaba tener a disposición la misma, ya que podía especular con ella vendiéndola en el mercado libre.

Además, la situación personal de Safira tampoco fue tenida en cuenta por el Juzgado que tramitó la demanda de Kutxabank. Nuestra compañera es pensionista de la seguridad social y percibe unos ingresos mensuales de 370 euros, que la impiden acceder a una vivienda de cualquier forma.

Este organismo dependiente de la ONU ha determinado en una comunicación que ha sido remitida a la Junta de Castilla-La Mancha y al propio Juzgado, para que suspenda el desahucio mientras “la comunicación está siendo considerada por el Comité” o se le otorgue a Safira “una vivienda alternativa adecuada”.

El Comité solicita al Estado, a través de la administración autonómica, que tome “medidas para evitar posibles daños irreparables”, tal y como contempla el artículo cinco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que España suscribió en 1977. Además, le requieren “informaciones y observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad y el fondo de la misma”.

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Guadalajara determinó en junio de 2018, tras una intensa campaña de acciones de la PAH en la sucursal de Kutxabank del barrio de Bardales suspender el desahucio previsto inicialmente para el día 25 de junio. Detectada la situación de vulnerabilidad de Safira, el juzgado remitió a la Junta de Castilla-La Mancha que explorara alternativas, en aplicación de un apenas conocido “Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar“, pero volvió a poner una nueva fecha de desahucio para el próximo martes 11 de septiembre.

Lo cierto es que la Junta de Castilla-La Mancha no hizo ninguna acción concreta. La remisión de esta comunicación no ha supuesto apenas ninguna actividad administrativa hasta el día de hoy, y fue el 1 de agosto de este año cuando fue remitida al Comité DESC la denuncia de la que hace pocos minutos hemos recibido respuesta, en sentido de acordar que España y la Junta de Castilla-La Mancha realicen con el Juzgado las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda de Safira, paralizando mientras tanto el desahucio.

 

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