la crisis ha disparado los embargos y desahucios

FUENTE: la verdad digital. es 30-5-2010

REGIÓN MURCIA
Cerrozajo al hogar
Una mañana con la Unidad de Subastas y Desahucios, pionera en España, ilustra el impacto de la crisis

30.05.10 – 01:18 – FUENSANTA CARRERES

DESAHUCIOS POR IMPAGO DEL ALQUILER
287
desahucios en 2008.
505
desahucios en 2009.
600
en 2010 (proyección).
Hasta el 17 de mayo: 281.
EJECUCIONES POR IMPAGO DE HIPOTECAS
(CASAS SUBASTADAS)
701
Ejecuciones por impago totales en 2009. Hasta el 24 de mayo de 2009: 260.
876
Totales 2010 (proyección).
Hasta el 24 de mayo de 2010: 333. (son 78 más)..Los afectados prefieren entregar las llaves para evitar el mal trago de ser desalojados por la Policía.La pequeña patria donde uno duerme, come o se asea es tan frágil como un traspiés laboral a destiempo, cuatro cuotas de la hipoteca impagadas, una montaña de intereses de demora, y a la calle. Sin techo, con deudas, y abocado a una vida de exclusión de la que resultará complicado salir. La crisis ha disparado el número de desahucios y embargos de inmuebles que se ejecutan en Murcia, y que previsiblemente batirán todas las marcas este año 2010. No hay buenos y malos; sólo deudores, acreedores y cuentas que saldar. Detrás de una demanda por impago de alquiler se esconde un propietario que a su vez debe pagar sus recibos; y tras la sentencia de embargo, un humilde trabajador que no dudó en firmar una hipoteca de 120.000 euros por un piso que ahora no vale ni la mitad.

«Unidad de Desahucios, abra la puerta por favor». El saludo de cortesía por el interfono es la antesala del final de una cadena de demandas, juicios, citaciones y sentencias que terminará con el deudor en la calle. Los encargados de pronunciarlo son los miembros de la Unidad de Subastas y Desahucios, dependiente del TSJ de Murcia, que desarrolla desde hace más de dos años una exitosa experiencia piloto para agilizar los desahucios y subastas y dar salida a las montañas de papeles acumuladas en los juzgados. La eficacia de la unidad especial, dirigida por el secretario judicial Juan Luis Bañón, se basa en su especialización y en el uso de las nuevas tecnologías. ‘La Verdad’ ha pasado una mañana con el equipo para conocer su funcionamiento cotidiano. Apenas unas horas bastan para tomar conciencia del brutal aumento de demandas por impago de alquileres e hipotecas, que el partido judicial de Murcia se cifra en un 25%.
El equipo supervisa a primera hora el orden del día programado. Cuando los cuatro miembros de la unidad llegan a su puesto de trabajo, en la Ciudad de la Justicia de Murcia, tienen clara la agenda de las próximas horas. La unidad se ha encargado semanas antes de garantizar el cumplimiento de las citaciones a juicios, de hacer llegar las resoluciones dictadas en los procedimientos de desahucio y las notificaciones de sentencia. Hoy se llevará a cabo el trámite más desagradable: la ejecución de los desalojos forzosos de cinco ciudadanos que hace meses -o años- dejaron de pagar el alquiler. «Para lograr que se cumplan esos objetivos, disponemos de un registro y control individualizado de todos los actos de comunicación y ejecución procedentes de los juicios de desahucios», explica el secretario judicial del TSJ.
Todo está planificado. En el planillo del día figuran los cinco lanzamientos (la ejecución del desahucio por impago del alquiler). Es la media diaria habitual en el último año, pero a partir del próximo mes tendrán que programar seis diarios para dar respuesta al aumento de procesos. «Sí han aumentado, mucho, cerca de un 30%. Y sigue la tendencia», reconoce Juan Luis Bañón. De los cinco lanzamientos previstos para el día, tres se han suspendido porque los afectados han decidido entregar las llaves y evitarse el trago de que la Policía tome la casa ante las miradas curiosas de los vecinos. Los otros dos están avisados en tiempo y forma. Se trata de un locutorio en Vistalegre, cuyo inquilino no ha pagado el alquiler en dos años, y de una vivienda en Juan Carlos I; la familia que la habitaba también llevaba dos años sin abonar las mensualidades. A los arrendadores les parecerá mucho tiempo, pero lo cierto es que la eficacia de la Unidad de Subasta y Desahucios, y la ley del ‘Desahucio Exprés’, han conseguido acortar los plazos al máximo. Hasta la fecha, han logrado que más del 90% de los fallos de desahucio se ejecuten, y han logrado reducir a un 8% las suspensiones de juicios por fallos de citación a los demandados -por desconocerse el domicilio o por no poder entregarse la documentación-, cuando la media de fracasos en otras comunidades supera el 30%.
El uso de Internet también ha sido clave para agilizar el proceso: «Acusamos el recibo de la recepción de la diligencia por Internet. Por este mismo procedimiento electrónico se localiza al interesado. También informamos inmediatamente, tanto al juzgado como al procurador, del resultado de la diligencia y de las incidencias para que puedan adoptar con rapidez una decisión», explica Bañón.
El secretario judicial despacha a las diez de la mañana con su compañera Mónica García Olmos, gestora procesal y encargada de ejecutar los dos lanzamientos del día. Todo está previsto. Como siempre, han comprobado que en el local no viven menores que puedan quedar desamparados; en caso contrario, los Servicios Sociales se hubieran encargado de buscar un alojamiento provisional a la familia. Una patrulla de Policía Local acompaña a la unidad para hacer frente a posibles resistencias y comprobar si la vivienda está vacía. Los agentes les esperan en la esquina de la calle Arquitectos Francisco y Jacobo Florentín, junto al local, donde en los tres últimos años ha funcionado un locutorio. Parece vacío. Frente a la persiana aguardan el cerrajero, el procurador, el letrado y el dueño del local.
«Ha estado dos años sin pagarme; lo he intentado por las buenas, le he propuesto fraccionar los pagos… No ha habido manera, y calculo que he perdido más de 13.000 euros y siete kilos; los doy por desaparecidos», se lamenta el dueño, José Olmos.
La intervención del cerrajero finalmente no es necesaria. En el último momento, el inquilino ha entregado las llaves, lo que suaviza mucho el proceso. Después de levantar la persiana, los agentes entran en primer lugar para comprobar que el local está realmente desocupado. «Pueden pasar, todo correcto», avisan a la comisión. García Olmos hace las preguntas de rigor para completar el acta: «¿Está todo en orden?, ¿aprecia desperfectos?». Aunque desordenado y sucio, el local está en las mismas condiciones en que se alquiló. Entra en acción el cerrajero, que debe cambiar el bombín de la puerta de entrada. Todos los gastos correrán por cuenta del deudor, si es que se consigue que pague, claro.
El siguiente lanzamiento, en un piso de Juan Carlos I, tampoco se presenta, a priori, conflictivo. Los inquilinos, una pareja y sus dos hijos, han preferido también entregar las llaves de la casa en el último minuto para evitarse el mal rato. La vivienda no es precisamente modesta, más bien podría catalogarse de gama alta. «Es que en esto no hay perfiles; sí, hemos hecho muchos desahucios en Santiago El Mayor o en Los Rosales, pero también en zonas nuevas», desmitifica García Olmos, quien palpa todos los días la realidad más desesperada de la crisis. La resume en una frase: «Me han dicho muchas veces: ‘Sé que no pago el alquiler, pero es que tengo que elegir entre dar de comer a mis hijos o pagarlo’. Ante eso, hay poco que añadir», considera.
Al abrir la puerta del piso, su dueño, Salvador, se muestra nervioso ante la perspectiva de encontrarse «cualquier cosa». Está preparado para todo. Su letrada le advirtió de que la familia desahuciada es «profesional en el dudoso oficio de alquilar viviendas y no pagarlas», y la experiencia ha demostrado que la rabia por ser desalojado puede llevar a provocar destrozos intencionados en la vivienda.
«Hemos visto viviendas destrozadas con piquetas, electrodomésticos arrancados de la cocina… de todo», coinciden el agente de Policía y García Olmos, que se compenetran como un equipo. Las cajas de cartón tiradas por el suelo y la abundante suciedad no hacen presagiar nada bueno, pero la primera impresión es errónea. La vivienda está bien, mejor de lo que su dueño esperaba. Él tampoco confía en recuperar los 30.000 euros que le deben, entre mensualidades de alquiler y gastos de luz y agua.
-¿Volverá a alquilar su piso?
-«Pues lo dudo mucho, muy mal me tengo que ver», responde Salvador, acusando el desgaste de dos años de pleitos para recuperar su casa.
«Ha ido tranquila la cosa», comenta a modo de despedida uno de los agentes, que en sus años acompañando a las comisiones judiciales las ha conocido de todos los colores. «Pisos patera, destrozos inimaginables, familias descompuestas. Verte en la calle es muy duro», resume.
Con los dos lanzamientos, ha terminado la ronda de calle. En la oficina preparan los del día siguiente, y seguirán las subastas electrónicas de viviendas embargadas. La siguiente: un chalé de lujo en Valle Golf Resort con una hipoteca de 400.000 euros a nombre de dos personas de origen británico. Si nadie puja, se la quedará el banco por el precio de salida, apenas 200.000 euros. El resto de la deuda quedará pendiente, y a los propietarios, que habrán perdido el hogar, sólo les quedarán dos opciones: seguir pagando la cuenta pendiente el resto de su vida o dejar España.
Pero, ¿cómo se llega hasta ahí? «Ninguno estamos libres», advierte Bañón. Una póliza impagada, un despido en el peor momento, un divorcio mal negociado, un cálculo erróneo de la capacidad de endeudarse de cada uno, la bajada repentina del precio de los pisos o la pérdida de poder adquisitivo. Un traspiés basta para tener un pie en la calle.
La pequeña patria donde uno duerme, come o se asea es tan frágil como un traspiés laboral a destiempo, cuatro cuotas de la hipoteca impagadas, una montaña de intereses de demora, y a la calle. Sin techo, con deudas, y abocado a una vida de exclusión de la que resultará complicado salir. La crisis ha disparado el número de desahucios y embargos de inmuebles que se ejecutan en Murcia, y que previsiblemente batirán todas las marcas este año 2010. No hay buenos y malos; sólo deudores, acreedores y cuentas que saldar. Detrás de una demanda por impago de alquiler se esconde un propietario que a su vez debe pagar sus recibos; y tras la sentencia de embargo, un humilde trabajador que no dudó en firmar una hipoteca de 120.000 euros por un piso que ahora no vale ni la mitad.

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