El Tribunal Constitucional vuelve a poner el interés económico de la Banca por encima de los DDHH.

El Tribunal Constitucional ha decidido anular parcialmente el decreto-ley andaluz que pretendía asegurar el uso social de la vivienda expropiando las viviendas vacías en manos de los bancos.

El artículo que establecía para el propietario de una vivienda “el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico” cumpliendo así con el artículo 47

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