Contra la condena hipotecaria.

Contra la condena hipotecaria.

A la dificultad histórica de nuestro país para acceder a una vivienda digna por parte de

amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el drama de la

pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del

Poder Judicial, desde el 2007 -año en que estalla la crisis- hasta el 2011, se han producido

350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Las previsiones de futuro no son

mejores e indican que estas cifras podrían duplicarse durante el 2013.

Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más

castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo, especialmente las que se

encuentran en situación de paro de larga duración. Y, dentro de estas, las que pertenecen

a los colectivos tradicionalmente más vulnerables, como las personas inmigradas o las

madres solteras. Por otro lado, a la pérdida de trabajo y de la vivienda se suma una

consecuencia totalmente inesperada y de efectos gravísimos: en el Estado español

el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad

financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir

reclamando el resto de la deuda pendiente -más intereses y costes judiciales- tanto a la

persona afectada como a quienes la hayan avalado. .

Así, a la dramática situación de no tener trabajo ni vivienda, se añade una deuda

impagable que supone el embargo de salarios o de cualquier ingreso o propiedad de los

afectados y de sus avalistas. Se trata, por lo tanto, de una condena a la exclusión social, y

a la economía sumergida.

Ante esta situación, la medida estrella del Gobierno del Partido Popular, el código de

buenas prácticas para hipotecas de clientes con pocos recursos, impulsado mediante

el real decreto ley 6/2012 de 9 de marzo, resulta claramente insuficiente. Por un lado,

establece requisitos que dejan fuera a la inmensa mayoría de los afectados. Por otro

lado, está básicamente orientado a una refinanciación de la deuda que solo beneficia

a los bancos. Finalmente, el código deja fuera los miles de personas que ya han sido

desahuciadas.

Así, mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis

económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con

hipotecas impagables continúan abocadas a la exclusión social. Es por eso que hace falta

una movilización social que fuerce un plan de rescate para los miles de familias que se

sobreendeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera

necesidad y a un derecho fundamental para las personas cómo es una vivienda digna.

Con este objetivo, esta mañana presentamos públicamente el pistoletazo de salida de la

iniciativa legislativa popular (ILP) para pedir la regulación de la dación en pago retroactiva,

paralizar los desahucios y promover el alquiler social. Tenemos hasta el 31 de octubre

para recoger las 500.000 firmas necesarias para que la ILP sea admitida en el Congreso

de los Diputados. .

Con esta ILP pretendemos que en los casos de vivienda habitual, la entrega de la

propiedad de la vivienda liquide la totalidad de la deuda. De hecho, el Estado español es,

en este sentido, una anomalía: tanto en EEUU como en la mayoría de países europeos

existe algún tipo de mecanismo que, de una manera u otra, permite resolver las deudas

hipotecarias en un plazo razonable.

Pero, además de la dación en pago retroactiva, también proponemos que se paralicen los

desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan impagables puedan reconvertirse

en un alquiler social. De este modo las familias afectadas podrían permanecer en sus

viviendas destinando como máximo el 30% de sus ingresos para el pago del alquiler.

Es un absurdo y un escándalo social que los bancos sigan acumulando miles de pisos

vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle y con deudas de por vida. Por eso

hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía porque se sume a la ILP en defensa del

derecho a la vivienda aportando su firma. ¡Que no nos hipotequen la vida!

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