COMUNICADO SOBRE LOS DATOS PUBLICADOS DEL CGPJ RESPECTO A LOS DESAHUCIOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

El número de lanzamientos practicados o desahucios en el segundo trimestre del año fue de 16.859, lo que supone un descenso del 8,4 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El 58,6 por ciento de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que otros 6.197 –el 36,8 por ciento- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 776 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 3.625, el 21,5 del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre objeto del informe, seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791). Estos cuatro territorios suman el 63,2 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también Cataluña aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la Comunidad Valenciana (1.132). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la Comunidad Valenciana (1.121) y Cataluña (1.039).

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 7.689, lo que representa una disminución del 46,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El informe refleja un descenso interanual en todas las Comunidades Autónomas.

Andalucía es el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, con 1.864, el 24,2 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) y la Región de Murcia (645).

No se dan datos de cortes de suministros básicos a familias vulnerables, que no pueden hacer frente al pago de los mismos, pero habrán sido cientos de miles en este período.

Estos datos, unidos a los cientos de miles de procedimientos actualmente suspendidos, a la espera de las sentencias del TJUE, confirman una vez más que el Derecho a la Vivienda en España no pasa de ser un anhelo y una reivindicación de la PAH más que una realidad, y que este Derecho no podrá ser efectivo hasta que no se apruebe la Ley de Vivienda de la PAH, que esperamos presentar en breve en el registro del Congreso con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios, a quienes responsabilizamos directamente del sufrimiento de miles de familias por el incumplimiento sistemático de este Derecho.

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