Ante las medidas contenidas en el Real Decreto del 31 de marzo

Cuando a mitad de marzo se visibiliza la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19) miles de familias en el estado español ya sufrían otra crisis, la de los desahucios que fundamentalmente por impago o finalización de contratos de alquiler se producen diariamente. ¡54.006 desahucios en el estado español en 2019! De los que un 68% lo fueron por impago de alquiler. Para estas familias, la crisis del coronavirus y sus consecuencias, suponen una vuelta de tuerca más a la insoportable situación que venían viviendo. Hablamos de familias que sobreviven en la economía sumergida, de trabajos muy precarios y prestaciones sociales para las que esta nueva crisis supone un duro golpe. Y también de aquellas que aún teniendo un empleo a tiempo completo no pueden pagar los abusivos alquileres o que ven como termina su contrato y no les renuevan. La crisis habitacional, así como las enormes bolsas de pobreza -engordadas profusamente desde el 2007/2008-: ¡Ya existían!

Ahora, con el efecto de las medidas contra el contagio del Covid-19, así como con una economía que ya daba muestras de agotamiento con anterioridad, la situación puede convertirse en insostenible en los próximos meses. El despido de miles de trabajadores, la aplicación de ERTEs masivos, y el cierre de empresas está provocando que los ingresos de las familias se estén reduciendo considerablemente. A nadie se le escapa, que se ampliará de manera muy importante el número de familias que no podrán hacer frente a las rentas de alquiler o recibos de la hipoteca.

Foto de la paralización de un desahucio en Zaragoza el pasado mes de octubre de 2019

El contenido del Real Decreto

Las medidas tomadas por el Gobierno recogidas en Real Decreto-ley 11/2020 -de 31 de marzo-, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, no contemplan una solución para los sectores más vulnerables, a los que ahora se sumaran miles de familias que no encontrarán soluciones definitivas. Como ya explicó la PAH, la moratoria de pago de hipoteca aprobada por el Gobierno consiste en una suspensión temporal con criterios muy restrictivos. Las medidas frente al alquiler, así mismo, suponen un endeudamiento de las familias y de nuevo con criterios restrictivos que dejan atrás y sin respuesta a la nueva situación a las familias que ya se encuentran en riesgo de exclusión o directamente excluidas del sistema antes de esta crisis. Cuando la crisis pase se encontrarán en la misma situación, con una nueva deuda que afrontar y con los mismos precios abusivos de alquiler.

Necesitamos una moratoria real y una renta básica

El subsidio de 440€ anunciado por el Gobierno para parados de contratos temporales sin derecho a prestación, de ninguna manera garantiza la cobertura de las necesidades básicas. Y en situación aún más precaria quedarán todas las familias sin ingresos así como aquellas cuya economía proviene de la economía sumergida -como en el caso de muchas empleadas de hogar-. Entendemos que la solución urgente pasa por la aplicación de una Renta Básica que garantice a las familias ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades esenciales, porque si no cobramos o cobramos miserias no podemos pagar.

Si bien desde que comenzó el estado de alarma no se ha realizado ningún lanzamiento, esto ha sido fruto de la paralización de la actividad judicial, no de la existencia de una moratoria efectiva. De hecho una vez concluido el efecto del estado de alarma muchos de los procedimientos pendientes que no podrán acogerse a los criterios restrictivos de “causas sobrevenidas” se volverán a activar.

La medida aprobada por el Gobierno el martes 31 de marzo suspende los desahucios sin solución habitacional durante 6 meses, pero no “paraliza” los desahucios, los pospone. La medida, dirigida exclusivamente a las situaciones “sobrevenidas” derivadas de la crisis del coronavirus, deja fuera los desahucios que ya estaban señalados antes de esta (y que se activarán cuando se levante el estado de alarma). Creemos que la nueva situación que vamos a enfrentar hace más necesario que nunca la toma de las medidas que venimos demandando durante todos estos años: como el control de los precios del alquiler y la paralización de los todos los desahucios sin alternativa habitacional, más allá de los producidos como consecuencia del estado de alarma.

Queremos pedir rigurosidad al Gobierno en sus anuncios y le exigimos una moratoria efectiva de los desahucios dando tiempo a articularse soluciones (normativas y materiales) para cumplir con el derecho a la vivienda y terminar con los desalojos forzosos (judiciales) por motivos económicos comprobados.

La imagen puede contener: 8 personas, incluido Elena Paharos, personas sonriendo, multitud y exterior
No permitiremos más desalojos forzosos de familias vulnerables.

Es el momento de expropiar los pisos en manos del sector financiero

Hoy más que nunca se ve la necesidad de un parque público de vivienda social que garantice una salida habitacional a las familias y racionalice el mercado del alquiler. Cuando se anuncia que no habrá desahucios sin “alternativa habitacional” ¿De dónde salen los pisos para garantizarlo? Existen distintas formas para hacerlo, desde la promoción de vivienda a programas de captación. Pero a corto plazo la forma más efectiva es expropiar los pisos en manos del sector financiero (entidades financieras y fondos buitre) que tienen como único fin la especulación con los mismos, para poner a disposición de la población aquellos que se encuentran vacíos. ¿Y qué ocurre con las viviendas que aún están en manos de la SAREB? ¡Deben de ser ya transferidas a las administraciones públicas!

El pago sólo de los intereses de la deuda pública, que se triplicó tras transferir decenas de miles de millones de euros de dinero estatal hacia la banca en la crisis del 2007/2008 (y que no se ha devuelto) suponen 31.400 millones al año, 86 millones de euros al día. Si les sumamos los 100.000 millones de euros comprometidos en avales por el estado para hacer frente a la crisis desatada por el Covid-19, bien valdrían una corresponsabilidad de las entidades financieras en la resolución de la crisis. El Banco de Santander anuncio en 2019 unos beneficios netos de 6.500 millones de euros, 3.512 millones de euros el BBVA y 1.705 Caixabank. ¿De nuevo saldrán beneficiadas las entidades financieras de la crisis y la deuda será trasladada a las familias a través del estado? Creemos que ha llegado el momento de actuar en consecuencia con la situación de emergencia y con el sacrificio realizado por la población española desde la anterior crisis. Si no es ahora ¿Cuándo será?

La situación económica y la acumulación de desigualdad social de la última década, sumada a los efectos del Covid-19 y una más que posible recesión, nos dirige hacia una crisis que puede resultar más sangrante para la mayoría social que la del 2008. En consecuencia hacemos un llamamiento a la población a la organización y a una futura movilización para defender los derechos más elementales.

Cuatro medidas imprescindibles para que nadie se quede atrás.

  1. Renta básica ya, si no cobramos no pagamos.
  2. Paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional más allá del confinamiento.
  3. Control de los precios del alquiler.
  4. Expropiación de las viviendas en manos de la banca y los fondos buitre para incorporarlas al parque público de vivienda.

STOP DESAHUCIOS ZARAGOZA

Fuente: STOP DESAHUCIOS ZARAGOZA

Noticia original: https://stopdesahucioszaragoza.wordpress.com/2020/04/02/ante-las-medidas-contenidas-en-el-real-decreto-del-31-de-marzo/

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