Archivo por meses: enero 2019

PAH Palencia solicita conocer los criterios de adjudicación de las viviendas en alquiler social.

El reparto de las viviendas de alquiler social se efectúa según la Orden FOM/1982/2008, que dice que estas viviendas podrán ser adjudicadas mediante actuaciones singulares cuando concurran situaciones excepcionales. Además en su artículo 15.2. la Orden determina que la Comisión Territorial de Vivienda efectuará dicha propuesta de actuación singular, lo que significa que es esta comisión la que

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El alquiler nos ahoga y PSOE pretende que lo siga haciendo

La reforma de la LAU propuesta por el PSOE, sigue dando la espalda a los derechos de las inquilinas y poniendo la alfombra roja a la especulación aun no recoger medidas para regulazación de los precios

Que en España se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional es algo reconocido por casi todo el mundo. Mañana martes, el Congreso votara la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Leído el mismo, resulta que tras un preámbulo en el que se hace un diagnóstico acertado, ya que parte del reconocimiento del Derecho a la Vivienda como un derecho fundamental, de reconocer también la insignificancia del Parque Público de Vivienda Social, de admitir la obligación de cumplir el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)… finalmente, el Gobierno cede a la presión de los fondos buitre y la banca, y aprueba una serie de recetas incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito, ya que

  • No propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas que señala el INE.
  • Aunque reconoce la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adopta ninguna medida para abaratarlos.
  • No limita los incrementos de renta vinculándolos al IPC.
  • La comunicación entre juzgados y servicios sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas.
  • El PIDESC, se viola y se seguirá violando cada vez que se produzca un desalojo forzoso a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • A pesar de reconocer como fundamental el Derecho a la Vivienda adecuada, el acceso a la misma sigue vinculado exclusivamente al nivel de renta de cada persona o familia, sin que se garantice el derecho de acceso a las gentes sin renta o con rentas insuficientes.
  • No permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas al no incluir la elaboración de índices de referencia de los precios.

Frente a esta emergencia, el PP todavía más partidario de los fondos buitre, a quienes Ana Botella vendió un importante número de viviendas sociales de Madrid, reacciona, utilizando la Ley de Vivienda de la PAH, presentando una enmienda a la totalidad, con la que pretende anularla, y enmendar a la vez el real decreto del Gobierno, revirtiendo los escasos avances del mismo, en relación con la ampliación de la duración de los contratos.

¿Qué dice la PAH en materia de alquileres?

  • Cumplimiento del PIDESC: Ningún desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Duración de los contratos: 5 años si el propietario es persona física con más de 5 viviendas en propiedad, o 10 años si es persona jurídica.
  • Los precios del alquiler estarán subordinados al índice de referencia de precios.
  • Los aumentos de renta no podrán subir por encima del IPC.
  • En caso de cambio de inquilina, el nuevo contrato no podrá superar al anterior en más del 1,5%.
  • Limita la fianza a una mensualidad de alquiler.
  • Modifica el régimen fiscal de las socimis, para que tributen al 40% en el impuesto de sociedades.
  • Promueve la cesión obligatoria de viviendas desocupadas de grandes tenedores que hayan recibido dinero público.
  • Establece la obligación de generar parque público de vivienda.
  • Aumenta el IBI a las casas injustificadamente vacías y
  • Prohíbe la venta de viviendas del parque público.

Por todo esto, desde la PAH lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público o el híper liberalismo del mercado y limitara y redujera los precios, o que garantizase el cumplimiento del PIDESC.

Sin embargo, ahora que la complicidad del PP con los especuladores ha posibilitado el desbloqueo que junto a Cs mantenían de la Ley de Vivienda de la PAH, su trámite urgente, y la aplicación de las medidas que contiene, pueden facilitar el que el acceso a la vivienda en España deje de ser un privilegio y pase a ser un Derecho, y por conseguirlo seguiremos luchando.

¡Sí se puede!

#RegulaciónAlquileresYa

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Solución para TODAS las ocupaciones con criterios transparentes de adjudicación.

PAH Palencia ha sabido por la prensa que la familia que okupó a la desesperada la "Casa del Agua" -un edificio protegido y utilizado por colectivos culturales del barrio del Cristo- ha conseguido el compromiso del Alcalde para solucionar su problema de vivienda facilitándoles una alternativa habitacional en coordinación con la Junta de Castilla y León.
Al hilo de esta noticia, la plataforma anti

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Ordenes de desahucio sin fecha.

La "justicia" recurre a órdenes de desahucio con fecha abierta para evitar que las PAH paralicen los lanzamientos. Es decir, la policía y la comisión judicial pueden ir sin avisar, cualquier día a cualquier hora, para ejecutar el desahucio sin previo aviso.

Esto implica mantener a las familias en vilo y con la angustia de que en cualquier momento pueden ser expulsadas. No se puede ser más

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Más del 12% de la población de Castilla y León pasan frío en sus casas.

Pobreza energética en un hogar es la dificultad para satisfacer sus necesidades básicas de energía. La última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en 2018, apunta a que el 2,2% de las personas de Castilla y León no pueden permitirse mantener la casa con una temperatura adecuada. Es la dureza del invierno para 53.000 castellanos y leoneses de los

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Más del 12% de la población de CyL pasan frío en sus casas

Pobreza energética en un hogar es la dificultad para satisfacer sus necesidades básicas de energía. La última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en 2018, apunta a que el 2,2% de las personas de Castilla y León no pueden permitirse mantener la casa con una temperatura adecuada. Es la dureza del invierno para 53.000 castellanos y leoneses de los

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Concentración Martes 15 de Enero en la DGA

Al comienzo de esta legislatura, en cumplimiento del compromiso adquirido con las plataformas contra los desahucios, se aprobó un Decreto de emergencia, posteriormente, en 2016,  una Ley de Emergencia,  y además, contábamos con la promesa de una Ley de Vivienda.

Casi cuatro años después, a pesar de que el número de lanzamientos por impago de alquiler no ha parado de subir,  alcanzando  cifras vergonzosas, en Aragón 1020 en el año 2013 y 1070 en el 2017. Las cosas no han mejorado. El Decreto está olvidado, la Ley de Emergencia sólo se utiliza para regular  los requisitos de vulnerabilidad y la prometida Ley de Vivienda, a falta de cuatro meses para finalizar la legislatura, está en trámite parlamentario.

Hemos oído durante este tiempo,  en boca de los responsables del Gobierno de Aragón, que en Aragón “nadie se que queda en la calle por impago de alquiler y que se busca una alternativa habitacional digna a todo el mundo”…

Desde Stop Desahucios Zaragoza, queremos recordar que la única solución contra los desahucios continúa siendo  todavía el Convenio  entre CGPJ, Gobierno de Aragón y FAMCP del P.P. del año 2013,Convenio restrictivo en todas sus formas: Porque no es Ley,  por tanto, es potestativo de la autoridad judicial aplicarlo o no, porque su ámbito de cobertura es exclusivamente para ejecuciones hipotecarias o impago de alquileres, dejando fuera al resto de familias o personas que se encuentran en otras situaciones, y porque además el camino hasta el realojo es infernal, dejando a gran parte de los afectados fuera  y sin alternativa habitacional. Estas personas se quedan en la calle. Como muestran los datos del propio Convenio, de los 8784 desahucios producidos en Aragón en los años de funcionamiento del mismo, tan solo se detectaron alrededor de 800 casos de vulnerabilidad, dando solución a una parte de ellos. Naturalmente los datos son opacos y existe una enorme dificultad para conocerlos.

Otro problema, del que ya advertimos, es que las personas realojadas por Convenio, lo hacen a través de programas de colaboración con entidades sociales que tienen una duración de tres años y que pasado ese tiempo pueden quedarse otra vez en la misma situación, pero esta vez no por impago sino por finalización de contrato, aunque su situación de vulnerabilidad siga siendo la misma o haya empeorado.  Estos casos se consideran “finalización de contrato”, por tanto sin opción de alquiler social por emergencia. Estas familias también  se quedan en la calle.

El caso de las “renuncias” también ha dejado fuera a unas cuantas familias. Si a una familia se le adjudica una vivienda lejos de su lugar de residencia habitual y ellas dicen que no pueden desplazarse allí por distintos motivos (necesidad de hospital cerca, carecer de transporte…), se les obliga a firmar una renuncia, sin explicación previa, que les impide que otra administración les proporcione una vivienda y  tienen como única opción, la calle. El Justicia de Aragón, a instancia de Stop Desahucios Zaragoza, ha hecho una recomendación en el año 2018, instando al Gobierno de Aragón a que los realojos lejos del domicilio sean temporales hasta tener una vivienda próxima al hospital.

 

También tenemos compañeros que, en unos casos porque no eran lo suficientemente vulnerables para acceder por convenio ( 1,5 IPREM, 11,279,38€ anuales), en otros porque no encuentran vivienda para alquiler debido a la desorbitada subida de los precios, o porque, a pesar de ser vulnerables, han tenido que renunciar a una vivienda por necesitar tener un hospital cerca,  no han tenido más remedio que ocupar una vivienda de un banco, generalmente procedentes de desahuciados practicados a otras familias, y que ahora se enfrentan a un desalojo de la vivienda.  Estas no entran en convenio y también se quedan en la calle. 

El artículo 19 de la Ley 10/2016 en el punto dos dice que los supuestos de lanzamiento por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler se aplicará a otras personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social. Este artículo no se aplica. Las promesas se han quedado en eso, solo promesas. Hacer hincapié en la poca sensibilidad que han tenido con tres familias, que firmaron un contrato de alquiler debido a un convenio firmado en la anterior legislatura y que este nuevo gobierno no pensaba ratificar, dejando a las tres en la calle. Se nos prometió, públicamente en marzo de 2016, que solucionarían el problema en quince días. Tres años después, las familias siguen sin tener solucionado el problema.

 

Queremos recordarle al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda  que estos datos tienen nombre y rostros, y que si  no hacemos nada ,¡SE QUEDAN EN LA CALLE!

  • Raúl y Milagros, con cinco hijos. Finalización de contrato de alquiler social, el 31 de enero. El caso más urgente, no hay alternativa para ellos.
  • José y Ruth, tres hijos. Renuncia por necesidad de hospital
  • Salvador y Cristina, tres hijos. Convenio sin solucionar con Sareb
  • Rubén, su mujer y sus tres hijos. Convenio sin solucionar con Sareb
  • Joana, su marido y sus tres hijos. Convenio sin solucionar con Sareb
  • Verónica y su hijo de dos años. Ocupando una vivienda de Banco Santander al carecer de ingresos y estar a la espera de que le aprueben el I.A.I

No queremos más promesas, exigimos el cumplimiento de la Ley 10/16 de emergencia. Por ello os convocamos a concentrarnos en la puerta del Pignatelli , Paseo María Agustín 36, el próximo martes a las 10:00 h.

15.01.19 concentración dga

Concentración en la puerta de la DGA el martes 15.01.19

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