Archivo por meses: enero 2016

Bienvenida de la #XVIEstatalPAH

Nuestro compah Antonio Leal García inaguró la XVI Asamblea Estatal celebrada en Sevilla con unas emotivas palabras acompañadas de unas imágenes que no dejaron indiferentes a las distintas plataformas allí presentes.  Nuestro particular “trovador” consiguió un aplauso unánime y levantar … Seguir leyendo

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Concentración pacífica contra las malas prácticas bancarias (1/02/16)

Hola compañeros/as, La Plataforma Stop Desahucios 15M Córdoba convoca a tod@s sus integrantes y demás colectivos en general, a la concentración pacífica en contra de las prácticas de los bancos. Exigimos alquileres sociales, daciones en pago y las condonaciones de …

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#XVIEstatalPAH, la primera Asamblea Estatal del año 2016 de las Plataformas de afectados por la hipoteca se ha celebrado este fin de semana en Sevilla.

Las PAHs tienen un encuentro estatal en Sevilla para decidir sus próximos pasos en la lucha por el derecho a la vivienda By Lramisa on 30/01/2016 Ya hace más de seis años desde que nació la PAH. Seis años donde … Seguir leyendo

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Las PAHs tienen un encuentro estatal en Sevilla para decidir sus próximos pasos en la lucha por el derecho a la vivienda

Ya hace más de seis años desde que nació la PAH. Seis años donde se han colocado insistentemente propuestas estructurales de solución para acabar definitivamente con los desahucios, las deudas de por vida y los cortes de suministros. Constituimos un movimiento que ha roto el silencio de las familias afectadas, de ciudadanas organizadas que hemos aprendido a incidir en las políticas públicas de vivienda, hasta tal nivel que hemos conseguido cambiar la ley en Cataluña mediante una ILP ciudadana.

Una gran victoria que pretendemos expandir al resto de territorios consiguiendo que legislen cinco medidas de mínimos que ya son conocidas como las 5 de la PAH. Precisamente, en este XVI encuentro estatal de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, que se celebra en Sevilla, continuaremos trabajando para acabar con la emergencia habitacional consiguiendo que se legislen las 5 de la PAH:

1. Dación en Pago Retroactiva, para que las familias dejen de ser esclavas de deudas impagables e ilegítimas.

2. Alquiler Asequible, con una consecuente reforma de la LAU que permita regular los precios y aumentar la duración de los contratos.

3. Stop Desahucios, protegiendo a las familias para que no se queden en la calle.

4. Vivienda Social, utilizando las casas vacías en manos de la banca para crear un parque público de alquiler social.

5. Suministros Garantizados, para garantizar a las familias el acceso a bienes necesarios para la vida como el agua, la luz y el gas.

Hemos llegado tan lejos, porque nos atrevimos a señalizar a los culpables: hablamos de la banca, responsable de que las familias solo pudieran acceder a una vivienda mediante el sobreendeudamiento hipotecario. La misma banca que a pesar de ser culpables de la estafa, mal llamada crisis, fue rescatada con más de 165.000 millones de dinero público. También hablamos de los gobiernos de turno del PP y el PSOE. Gobiernos cómplices que violaron sistemáticamente el artículo 47 de la Constitución bloqueando propuestas de cambio de ley como la ILP Estatal de 2013, avalada por más de 1.500.000 de firmas y apoyada por el 90% de la población.

Seguiremos poniendo nuestros cuerpos para paralizar los desahucios. Continuaremos invadiendo oficinas bancarias para arrancar soluciones para las familias afectadas. Pero ante todo, en 2016, marcaremos al nuevo Congreso dejando muy claro que las 5 de la PAH tienen que hacerse realidad. Estamos hartas de que gobiernos de turno antepongan pactos y repartos de sillones, de que antepongan políticas hechas a medida de bancos y suministradoras, en vez de hacer realidad los cambios que la ciudadanía exige desde hace años.

En la PAH somos muy conscientes de que hay vidas en juego que dependen de estos cambios. Y por eso, no pararemos de movilizarnos hasta conseguirlos. No pararemos, hasta que terminemos con las leyes criminales para tener otras más justas.

#XVIEstatalPAH

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La SAREB es nuestra y está en deuda con la ciudadanía

 

La Sareb o Banco Malo se creó en el 2012. 4 años más tarde, podemos decir que la Sareb ha sido uno de los mayores fracasos de la infinita lista de fracasos que lleva acumulada la política española en materia económica, de vivienda y dicho sea de paso, en general. Una infiita lista de fracasos políticos que pagamos las de siempre.

Y cuando decimos que #LaSAREBesNuestra no son palabras al aire, lo decimos con la absoluta convicción de que es así. No es un lema fácil ni un espot publicitario, ni mucho menos un capricho. La Sareb es nuestra por muchos motivos.

El 95% de dinero de la Sareb viene de las arcas públicas. Es decir, es nuestro dinero el que ha pagado todas esas casas que la Sareb acumula vacías, es nuestro dinero el que ha pagado nuestras casas y aún así no podemos usarlas para vivir. Si, por todo esto La Sareb Es Nuestra, pero aún hay más.

Nuestras manos han levantado esas viviendas, ha sido nuestro tiempo y nuestro trabajo, ni Jaime Echegoyen ni Belen Romana han derramado una gota de sudor. El valor de las viviendas tiene que ser el de su valor de uso, es decir, porque las viviendas son para vivir. Estamos cansadas de que nuestras vidas sean consideradas como un producto más del mercado. Y cuando parece que la historia no puede ser más absurda, se escribe una nueva página que nos parece sin lugar a dudas una nueva vergüenza y que implica de nuevo a la Sareb y a la política de este país.

Ahora la Sareb esta cediendo viviendas a algunos Ayuntamientos, esta noticia se vende como una gran victoria de estos Ayuntamientos y un gesto de humanidad de la Sareb. Pero nada está más lejos de la realidad. En las clausulas del convenio podemos ver como los Ayuntamientos toman compromisos que a nuestro entender son del todo inexplicables., como hacerse cargo del mantenimiento de las viviendas, de la seguridad para que estas no sean ocupadas, certificados de eficiencia energética y un largo etc…Entendemos que son gastos que tiene que cubrir la Sareb, que al fin y al cabo es la propietaria a pesar de que, repetimos una vez más, el 95% del dinero con el que se han pagado estas viviendas de la Sareb, es nuestro.

Aún así a la Sareb no le parece suficiente, además los Ayuntamientos van a pagar por esas viviendas un alquiler a la Sareb. El compromiso habla de 125 Euros mensuales por cada vivienda que la Sareb ha cedido. Todas pagamos esas hipotecas, ahora pagaremos el mantenimiento y un alquiler! y sin embargo la propiedad y el derecho de usarlas sigue en manos del Banco Malo, es inexplicable.

Se crea la Sareb con un 95% de dinero público para rescatar a la banca privada, la Sareb fracasa y no tiene capacidad para hacer circular y vender estas viviendas, por lo que ya todas las partes han asumido que la deuda contraída con las arcas públicas es y será impagable. Los Ayuntamientos ahora pagan con dinero público el alquiler de unas viviendas que ya han sido pagadas también con dinero público y no solo pagamos el alquiler, también el mantenimiento, así cuando la Sareb pueda volver a especular con ellas las tendrá en buen estado. Estamos hablando del rescate del rescate del rescate, o de la estafa de la estafa de la estafa. Increíble.

Desde la Obra Social de la Pah siempre hemos hablado del Alquiler Social, pues entendemos que las familias tienen que pagar un alquiler en función de sus ingresos. En este caso, entendemos que el dinero de las familias que puedan pagar un alquiler social para vivir en una de estas viviendas cedidas a los Ayuntamientos tiene que ser utilizado para que estos puedan avanzar en políticas públicas de vivienda, jamás para que ese dinero vuelva a la Sareb, y sirva para repartir beneficios entre los bancos rescatados ni pagar los multimillonarios sueldos de sus directivos, en forma de tomadura de pelo.

La Sareb tiene una deuda social con la ciudadanía y la Sareb tiene que pagar esa deuda social, asumimos que el dinero de todas no será devuelto, pero al menos queremos las viviendas que se han pagado con él y que en la actualidad solo sirven para especular. Las viviendas de la Sareb son nuestras, las queremos todas y no debemos pagar de nuevo por ellas. La Sareb debe ceder las viviendas y hacerse cargo del mantenimiento, a no ser que ceda la propiedad y derechos de las mismas, claro. A los Ayuntamientos les toca ser valientes, afrontar el conflicto y recordar que la Sareb es nuestra y sus casas también.

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AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 27 al dimarts 2 de febrer) A Catalunya tenim la llei més garantista de tot l’estat espanyol i està en plena vigència. Seguim exigint la seva aplicació total, per això hem enviat  #CartaAPuigdemont http://goo.gl/rUIRXS La nostra força segueix estant … Sigue leyendo

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Open Letter to Carles Puigdemont urging him to the full application of Law 24/2015

President Carles Puigdemont,
We address this letter to you as new President of Catalonia’s Government, and on behalf of the Advocacy Group of the People’s Legislative Initiative (ILP) on emergency housing and energy poverty. For the past six years we have decried the housing crisis and the worrying inaction of different governments and public administration offices. We have warned of daily violations of the right to adequate housing, and we have been forced to urgently react in order to stop thousands of evictions. We have tirelessly worked to negotiate with banks, debt cancellations and social rent access for families in deep economic trouble. We have re-house hundreds of families left homeless, and where no solutions were available. If this were not enough, for the past two years we have been working to end fuel and water poverty, advocating against indiscriminate cuts to the supply from companies that behave like banking institutions do with housing: maximum benefit and no responsibility. As you may be aware, we have also made a number of sound and feasible legislative proposals to end with these injustices because lives really are at stake, and because no society should be left to bear the negative consequences of a social crisis and housing emergency like we have for the past eight years.
Last July, a civil society driven legal initiative, known as the “ILP Habitatge,” or “Housing ILP,” achieved a historic milestone. The initiative included necessary measures to halt Catalonia’s housing emergency and fuel poverty. It was the first time a legal initiate of this nature and based on principles of basic human rights became law. On July 29th, Law 24/2015 on urgent measures to address the ongoing housing and fuel poverty emergencies was unanimously approved by Parliament. This is no small feat; we are speaking of the most comprehensive law concerning housing rights on the whole of the Spanish State, and the only one with a regulatory framework in place with effective measures against fuel poverty. It addition, besides the unanimous support of Catalonia’s Parliament, this legal text was endorsed by over 150,000 Catalans who signed in support of our legislative initiative. Law 24/2015 is here to stay, and most importantly, this law guaranties and safeguards adequate housing access as a human right.
Once the law was passed, we set out to continue our work, because we knew that a new law would not transform reality immediately. We have developed and published a series of legal documents to help people know and claim their rights. We have approached senior judges to promote the implementation of law 24/2015. We have also worked closely with the Generalitat, Catalonia’s Housing Agency (AHC), and Catalonia’s Consumer Agency, in order to develop user-friendly guides that will aid City Councils, citizens, and financial institutions to become aware and implement the new law at the local level. We have taken part of nine training programs across Catalonia benefiting more than a thousand local government workers. A joint effort for the diligent application of a law we all needed and have found invaluable. But there is still much work ahead.
President, in some of your first interviews to the media, we have noticed you’ve been vague, or maybe just confused, regarding the relevance and validity of this new law. Since the new government’s emergency plan has been the focus of debate in recent days, we would like to remind you of, and clarify for you, that Law 24/2015 is fully in force. Despite having an encompassing and powerful law, it is true that evictions, supply cuts, and lifelong indebtedness have not yet cessed in Catalonia. This is the reason why we ask you determination and political courage to implement it. The responsibility of Catalonia’s Generalitat does not end with forming a government and establishing new guidelines for City Councils. Therefore, we urge you to take a public and firm commitment for implementing the following actions to fully enforce the application of Law 24/2015:
  • Develop the regulatory framework that will provide Catalan families with a real second opportunity to overcome housing-related over-indebtedness and start anew. Without this regulation, the second opportunity mechanisms established by the law in its initial articles are mere rhetoric, making this crucial petition irrelevant and reducing its efficacy. This further gives carte blanche to financial institutions to continue blackmailing families, condemning them to continued social exclusion, and preventing them from leaving the informal economy if they cannot avoid wage garnishment due to ongoing housing debts (often for a home that has already been repossessed). We would like to point out that Law 24/2015 established a three-month limit for providing extra judiciary mechanisms of second opportunity, and a year for presenting a bill that will develop measures against consumer over-indebtedness in housing related matters.
  • The law requires City Councils and the Generalitat to enforce it by making available empty housing in the hands of financial institutions and large property holders where they do not uphold it of their own accord; this, in order to protect the right to housing for homeless families and housing’s social function as contemplated in the law. Otherwise we will be limiting the possibilities the law provides as well as preventing an end to the country’s ongoing housing emergency. With more than 65,000 families evicted, social housing at les than 1 per cent, and more than 480,000 empty homes in Catalonia according to the IDESCAT, the transferral of part of this housing stock is urgent and indispensable. To make this effective, a census of empty houses is needed as well as enforcing a mandatory transferral of empty properties from banking institutions and large property holders to overcome the current emergency given that most City Councils do not have enough resources to solve this on their own. Your government has the possibility of showing their will to solve Catalonia’s underfunded social housing problem and protect families from becoming homeless by initiating the transfer of the 47,000 empty houses knowingly in the hands of large property holders in Catalonia.
  • Cancel households debts derived from fuel poverty by signing agreements with suppliers of water, electricity, and gas as the law provides, so supply companies take responsibility for providing the necessary assistance programs as well as discounts to families in risk of homelessness. It makes little sense for each City Council to draft its own agreement with supply companies, this task should be undertaken by the Generalitat and we need to have agreements that give equal coverage to all Catalan citizens. As former mayor of Girona, you know well the needs and difficulties of the City Councils in pressing large companies to undertake their legal commitments. As long as these agreements are not in place, household debts will continue to rise or City Councils will end up spending their resources overtaking these responsibilities –with public funding that could be used elsewhere. What makes absolutely no sense is to transfer 1.1 million euros of public money to these large companies instead of enforcing the law –which is what has happened with the Generalitat’s Fund. These companies must assume their responsibilities of managing basic services. Thus, they should take care of household debts for families who cannot afford to do so as established in Law 24/2015, even more so in light of these companies’ vast earning increases and soaring profits.
  • Sanction breaches of the law to encourage its enforcement and in order to achieve its objectives. We cannot tolerate impunity in cases of violation of Law 24/2015. Therefore, we demand the Government to initiate the necessary procedures for punishing energy, gas, or water companies that cut a service without taking into account the precautionary principle. That is, when you cut the supply without having contacted social services, as required by law, to check if it is a family at risk of homelessness. The enforcement mechanism is necessary to avoid supply companies overlooking their responsibilities while continuing to make cuts to basic services. The same control mechanism needs to be enforced on financial institutions that do not stop home evictions and make mandatory social rent offers. The law provides mechanisms to correct breaches and flagrant violations of the rights established and these should be carried out.
  • Provide sufficient budget allocation to ensure for all purposes and as determined by the law, the right to housing of families in risk of homelessness. This means taking into account the budget required to cover what is determined by law, such as in the following applications: rent subsidies for families who cannot cover their rent in instances of small property holders; instituting indebtedness committees, and increase of the registry and social servants working in the development of this law.
When we first started our work on the “Housing ILP,” we longed for the end, once and for all, of Catalonia’s leadership in the ‘ranking of shame’ in evictions, supply cuts, indebted households, and empty flats that do not fulfil their social function. Without a clear determination to enforce Law 24/2015 by the President of the Government of Catalonia and the entire parliamentary group as well as City Councils, this will not be possible. We, the affected people, the civil society, are firm in believing and wanting a Catalonia that leads the ranking in the conquest of rights, not of impoverishment. That is why, with full determination, we will continue taking all necessary actions to ensure full implementation of Law 24/2015.
In what concerns housing rights, the Emergency Plan has long been enacted by civil society. The new government and the new Parliament must give priority to halting and reversing housing shortfalls and fuel poverty in Catalonia. We have a powerful tool to achieve this: it is Law 24/2015.
To continue working on the enforcement of Law 24/2015, we hope to meet with you, the Minister of Interior –who oversees Housing, and the Minister of Economy in the near future. President, we await your response.
Sincerely,
Advocacy Group of the People’s Legislative Initiative (ILP)
Platform of People Affected by Mortgages (PAH)
Energy Poverty Alliance (APE)#CartaAPuigdemont

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Carta abierta al presidente Puigdemont instando a la aplicación total de la Ley 24/2015

Sr. Presidente Carles Puigdemont,

Nos dirigimos a usted como Presidente del nuevo Gobierno de Cataluña, en nombre del Grupo Promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Hace más de 6 años que estamos denunciando la estafa hipotecaria y la preocupante inacción de los diferentes gobiernos y administraciones para detenerla. Asimismo, hemos alertado sobre la vulneración diaria del derecho a la vivienda digna y nos hemos visto obligadas a actuar de urgencia para detener miles de desahucios, arrancar colectivamente en la banca daciones, condonaciones y alquileres sociales para las familias, o inclusive realojando, cuando se cierran todas las puertas y las familias se quedan en la calle. Por si fuera poco, hace 2 años nos tuvimos que organizar también para poner fin a los cortes de suministros y a la pobreza energética, ejecutados por unas empresas suministradoras que se comportan como los bancos con los desahucios: beneficio máximo y ningún tipo de responsabilidad. Como sabrá, también desde el primer día, hemos hecho propuestas legislativas solventes y serias para poner fin a esta injusticia, porque hay vidas en juego y porque ninguna sociedad debería soportar las consecuencias nefastas de una situación de emergencia habitacional y social como la que hemos sufrido en los últimos ocho años.

En julio pasado, un texto legal impulsado por la sociedad civil y que recogía las medidas necesarias para poner freno a la emergencia en el ámbito de la vivienda, la “ILP Habitatge”, logró un hito histórico. Por primera vez, una ILP en el ámbito de los derechos esenciales se convirtió en ley: la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento. Hablamos de la norma más garantista de todo el Estado en el ámbito del derecho a la vivienda, y el único marco normativo en vigor en Cataluña con medidas efectivas contra la pobreza energética. Hay que remarcar que, además del apoyo unánime del Parlamento de Cataluña, este texto legal recibió el aval de más de 150.000 catalanes y catalanas que firmaron nuestra iniciativa legislativa popular. La Ley 24/2015 ha venido para quedarse, y lo más importante, para implementar y proteger el derecho humano a una vivienda digna y adecuada.

Como no podría ser de otro modo, una vez aprobada la ley, nos pusimos a trabajar, puesto que teníamos bien claro que la aprobación de una ley no transforma la realidad de inmediato. Hemos elaborado y publicado documentos jurídicos para que las personas conozcan sus derechos y los reclamen a los juzgados y hemos interpelado a los Jueces Decanos para que apliquen la Ley 24/2015. También hemos trabajado intensamente con la Generalitat, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña, elaborando una guía de aplicación de la norma para los Ayuntamientos, una para los usuarios y otra para a las entidades financieras. Y hemos participado en las 9 formaciones que se han realizando por todo el territorio catalán a más de un millar de trabajadores de la Administración local. Un esfuerzo mutuo para la aplicación diligente de esta ley que tanto necesitábamos y que, evidentemente, ponemos en valor. Pero todavía quedan muchos pasos imprescindibles que hacer.

Presidente, en algunas de sus primeras entrevistas a medios de comunicación que hemos podido escuchar, nos ha parecido inconcreto o quizás confundido en relación a la importancia y vigencia de esta norma. Dado que el plan de choque del nuevo gobierno ha sido el centro del debate en los últimos días, le queremos recordar y aclarar que la Ley 24/2015 es plenamente vigente. A pesar de tener una ley útil y potente, es cierto que los desahucios, los cortes de suministros y las deudas de por vida no se han detenido todavía en Cataluña. Es por eso que le pedimos voluntad, determinación y coraje político para aplicarla. La responsabilidad de la Generalitat de Cataluña no se acaba en las formaciones y en generar herramientas para los Ayuntamientos. Por ello, le instamos a asumir un compromiso público y firme a la hora de ejecutar las siguientes acciones para completar la aplicación plena de la mencionada ley de manera urgente:

  • Desarrollar el reglamento de segunda oportunidad que permitirá a las familias dejar atrás el sobreendeudamiento asociado a la vivienda y empezar de nuevo. Sin este reglamento, la segunda oportunidad que establece la Ley en sus artículos iniciales es mera retórica, ya que es inaplicable y resta eficiencia a la norma, que fue pensada como un todo. Esto da carta blanca a las entidades financieras para seguir chantajeando a las familias, y continúa condenándolas a la exclusión social y a la economía sumergida para evitar los embargos y la persecución de deudas asociadas a la vivienda habitual, a las que no pueden hacer frente. Recordemos que la misma Ley fija 3 meses para disponer de un mecanismo extrajudicial de segunda oportunidad, y un año para presentar proyecto de ley que desarrolle las medidas contra el sobreendeudamiento de los consumidores relacionado con la vivienda habitual.
  • La Ley obliga a los Ayuntamientos y a la Generalitat, subsidiariamente, a movilizar la vivienda vacía de bancos y grandes tenedores necesaria para proteger el derecho a la vivienda de las familias en situación de exclusión residencial y que incumple su función social mediante la cesión obligatoria. Si esta posibilidad que la Ley aporta no se aplica, no podremos acabar con la emergencia habitacional en nuestro país. Con más de 65.000 familias desahuciadas, un parque público de alquiler social del 1% y más de 480.000 viviendas vacías en Cataluña, según datos del IDESCAT, la cesión en parte de este parque de viviendas se convierte en algo indispensable y urgente. Para hacerla efectiva, es necesario hacer un censo de viviendas vacías y que la Generalitat aplique la cesión obligatoria hasta alcanzar un parque social temporal que nos ayude a frenar el golpe, ya que los ayuntamientos, exceptuando los más grandes, no tienen suficientes recursos para llevarlo adelante. Hoy mismo, la Generalitat puede demostrar que quiere resolver la infradotación de vivienda social en Cataluña y proteger a las familias condenadas a perder su vivienda habitual, iniciando la cesión de tantas viviendas (de las 47.000 vacías de grandes tenedores ya identificadas en Cataluña) como familias en exclusión residencial haya.
  • Liberar a las familias de la deuda que se deriva de la pobreza energética firmando los convenios con las suministradoras de agua, luz y gas que la Ley establece, por lo que serían las empresas suministradoras las que se harían cargo de las ayudas y los descuentos muy significativos en las facturas de las personas en riesgo de exclusión residencial. No tiene sentido que cada Ayuntamiento haga un convenio diferente; esta tarea debe ser asumida por la Generalitat y tenemos que poder disponer de convenios que den la misma cobertura a todas las ciudadanas de Cataluña. Como anterior alcalde de Girona, usted conoce bien las necesidades y las dificultades de los municipios a la hora de sentar a las grandes empresas para que asuman los compromisos que les tocan. Mientras no existan estos convenios, las deudas de las familias aumentan si no son los ayuntamientos los que asumen -con fondos públicos- los impagos. Lo que no tiene ningún sentido es que se transfiera 1.1 millones de euros de fondos públicos para solventar el cobro de facturas impagadas a estas empresas, tal como se ha hecho con el Fondo de la Generalitat. Las empresas suministradoras deben asumir la responsabilidad que implica gestionar servicios básicos, servicios de interés general y necesidad básica. Y, por lo tanto, deben hacerse cargo de la deuda de las familias que no pueden pagar, tal como establece la ley, teniendo en cuenta los cuantiosos beneficios que obtienen.
  • Sancionar los incumplimientos de la Ley para incentivar que se aplique y se alcancen sus objetivos. No se puede permitir la impunidad con que las empresas suministradoras incumplen la Ley 24/2015; por eso exigimos a la Generalitat que inicie los procedimientos sancionadores pertinentes por los cortes de suministro que no respetan el principio de precaución. Es decir, cuando se ha cortado el suministro sin haber contactado previamente con los servicios sociales, tal como establece la norma, para comprobar si se trata de una familia en riesgo de exclusión residencial. El mecanismo sancionador es indispensable para evitar que las empresas suministradoras miren hacia otro lado mientras continúan haciendo cortes de los servicios básicos. También hay que aplicar el correctivo correspondiente a los incumplimientos de las entidades financieras que no detienen los desahucios para hacer la obligada oferta de alquiler social. La Ley prevé mecanismos para corregir los incumplimientos voluntarios y flagrantes de los derechos establecidos y, lógicamente, hay que utilizarlos.
  • Dotar de partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal y como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial. Esto significa calcular qué presupuesto es necesario para dar cobertura a lo que determina la Ley, como por ejemplo en las siguientes aplicaciones: ayudas al alquiler para casos de impagos a pequeños tenedores; formación de comisiones para el sobreendeudamiento, y la ampliación del registro y funcionarios que trabajarán para desarrollar la Ley.

Cuando iniciamos la ILP vivienda, anhelábamos poner fin de una vez por todas a la Cataluña que lidera el ranking de la vergüenza en desahucios, cortes de suministros, familias endeudadas y pisos vacíos que no cumplen su función social. Sin una determinación clara en la aplicación de la Ley 24/2015 por parte del Presidente del Gobierno de Cataluña y de todo el arco parlamentario en pleno junto a los municipios, no se podrá conseguir. Nosotras, la gente afectada, la sociedad civil, tenemos claro que queremos una Cataluña que lidere el ranking en la conquista de derechos, no del empobrecimiento. Es por ello que, con determinación, continuaremos haciendo todas las acciones necesarias para conseguir la aplicación integral de la Ley 24/2015.

En materia de derecho a la vivienda, el plan de choque lo ha marcado la ciudadanía hace tiempo: el nuevo gobierno y el nuevo Parlamento deben tener como prioridad detener y revertir la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña. Tenemos una herramienta potentísima para conseguirlo: la Ley 24/2015.

Para continuar trabajando en su aplicación, esperamos encontrarnos con usted mismo, la Consejera de Gobernación, de quien depende Vivienda, y del Consejero de Economía en los próximos días. Presidente, esperamos su respuesta.

Atentamente,

Grupo promotor de la ILP Vivienda,
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Alianza contra la Pobreza Energética

#CartaAPuigdemont

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