Archivo por meses: abril 2012

La relatora de la ONU sostiene que las ejecuciones hipotecarias y los desalojos en España son ilegales.

La relatora de la ONU sostiene que las ejecuciones hipotecarias y los desalojos en España son ilegales. (video íntegro intervención final)

La relatora de la ONU por una vivienda adecuada , Raquel Rolnik, de visita en Barcelona invitada por el observatori DESC, se reunió el pasado 01 de marzo con más de un centenar de personas que están sufriendo o ya han sufrido ejecuciones hipotecarias y que están amenazadas de desahucio. En un acto de más de dos horas cargado de emotividad, la relatora responsabilizó al gobierno de la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran centenares de miles de familias en el Estado Español. De esta manera recordó que España ha suscrito diferentes pactos internacionales que la obligan a garantizar el derecho a la vivienda y evitar los desalojos por razones económicas y que sin embargo está incumpliendo sistemáticamente. Asimismo culpó a los bancos de la burbuja inmobiliaria y escuchó emocionada el relato de un centenar de personas pertenecientes a unas 20 PAH’s que abarrotaban la sala. Relatos que inspiraran el próximo informe que en Octubre de este año debe entregar ante la asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York. Un acto rebosante de energía y emoción que visibilizó lo fuerte y articulado que está el movimiento .
Os dejamos el video final de su intervención. Estas imágenes forman parte del proceso de realización del documental “La plataforma”, llevado a cabo conjuntamentre por SICOM y Namuss Films, con la colaboración de la PAH, y que se estrenará en breve.

Os dejamos también algunos enlaces de prensa sobre la visita:

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La relatora de la ONU sostiene que las ejecuciones hipotecarias y los desalojos en España son ilegales.

La relatora de la ONU sostiene que las ejecuciones hipotecarias y los desalojos en España son ilegales. (video íntegro intervención final)

La relatora de la ONU por una vivienda adecuada , Raquel Rolnik, de visita en Barcelona invitada por el observatori DESC, se reunió el pasado 01 de marzo con más de un centenar de personas que están sufriendo o ya han sufrido ejecuciones hipotecarias y que están amenazadas de desahucio. En un acto de más de dos horas cargado de emotividad, la relatora responsabilizó al gobierno de la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran centenares de miles de familias en el Estado Español. De esta manera recordó que España ha suscrito diferentes pactos internacionales que la obligan a garantizar el derecho a la vivienda y evitar los desalojos por razones económicas y que sin embargo está incumpliendo sistemáticamente. Asimismo culpó a los bancos de la burbuja inmobiliaria y escuchó emocionada el relato de un centenar de personas pertenecientes a unas 20 PAH’s que abarrotaban la sala. Relatos que inspiraran el próximo informe que en Octubre de este año debe entregar ante la asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York. Un acto rebosante de energía y emoción que visibilizó lo fuerte y articulado que está el movimiento .
Os dejamos el video final de su intervención. Estas imágenes forman parte del proceso de realización del documental “La plataforma”, llevado a cabo conjuntamentre por SICOM y Namuss Films, con la colaboración de la PAH, y que se estrenará en breve.

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El PP se quita la máscara y claudica (una vez más) ante la banca

El PP se quita la máscara y claudica (una vez más) ante la banca

El pasado mes de febrero, el ministro de economia De Guindos, interpelado por Joan Coscubiela de ICV sobre la situación de las familias que han perdido la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria y que arrastran una deuda de por vida con el banco, generaba expectativas al anunciar la posibilidad de introducir la dación en pago. Una declaración de intenciones que más allá de reconocer implícitamente la necesidad de regular una legislación hipotecaria a todas luces inhumana y conseguir titulares de prensa sensacionalistas, se quedaba en agua de borrajas, puesto que la aplicación de la medida no se regularía por ley, sino que sería voluntaria para los bancos. Una medida que por lo tanto no significaba ningún avance respecto la situación actual, donde el ordenamiento jurídico vigente ya contempla la posibilidad de que las entidades acepten la dación en pago de manera voluntaria.
A raíz del debate desencadenado, ayer martes 6 de marzo tuvo lugar en el congreso una nueva votación. De nuevo Joan Coscubiela, de ICV, presentó la propuesta largamente reivindicada por la PAH. La aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos para aquellos casos de residencia habitual y deudores de buena fe.  Una dación en pago obligatoria para las entidades financieras, y no voluntaria como la promovida por el ministro De Guindos. El congreso tenía pues una nueva oportunidad para aplicar justicia.
El resultado de la votación fue el siguiente: Votos a favor 36 . Votos en contra 181 .Abstenciones 118 (aquí el video de la sesión del congreso con las distintas intervenciones)
A la hora de la verdad, el PP se desenmascaró y volvió a plegarse a los intereses de las entidades financieras demostrando un cinismo intolerable al haber creado tan solo dos semanas antes falsas expectativas entre las cientos de miles de personas afectadas por la estafa hipotecaria. Anunció que este viernes aprobarán por decreto ley un código de buenas prácticas voluntario para la banca. Es decir lo que ya tenemos ahora, pero disfrazado de medida social. 
Por otro lado el PSOE se abstuvo. Parece que no han aprendido la lección tras su debacle electoral, una debacle que entre otros motivos se explica por su nula sensibilidad ante el problema hipotecario y de vivienda de la ciudadanía de este país.
Pero somos optimistas. Han transcurrido ya tres años desde que la PAH se constituyó en febrero de 2009. Aunque el camino recorrido no ha sido fácil, estamos más cerca que nunca de conseguir nuestros objetivos. Recordar que  en breve daremos el pistoletazo de salida de la recogida de firmas para la ILP sobre la dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social. Un proceso que movilizará al país entero y que llevará de nuevo las propuestas de la PAH al congreso. Pero esta vez con el aval de cientos de miles, quizá millones de firmas.
Ánimos, que ya falta poco!
Sí se puede!

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El PP se quita la máscara y claudica (una vez más) ante la banca

El PP se quita la máscara y claudica (una vez más) ante la banca

El pasado mes de febrero, el ministro de economia De Guindos, interpelado por Joan Coscubiela de ICV sobre la situación de las familias que han perdido la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria y que arrastran una deuda de por vida con el banco, generaba expectativas al anunciar la posibilidad de introducir la dación en pago. Una declaración de intenciones que más allá de reconocer implícitamente la necesidad de regular una legislación hipotecaria a todas luces inhumana y conseguir titulares de prensa sensacionalistas, se quedaba en agua de borrajas, puesto que la aplicación de la medida no se regularía por ley, sino que sería voluntaria para los bancos. Una medida que por lo tanto no significaba ningún avance respecto la situación actual, donde el ordenamiento jurídico vigente ya contempla la posibilidad de que las entidades acepten la dación en pago de manera voluntaria.
A raíz del debate desencadenado, ayer martes 6 de marzo tuvo lugar en el congreso una nueva votación. De nuevo Joan Coscubiela, de ICV, presentó la propuesta largamente reivindicada por la PAH. La aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos para aquellos casos de residencia habitual y deudores de buena fe.  Una dación en pago obligatoria para las entidades financieras, y no voluntaria como la promovida por el ministro De Guindos. El congreso tenía pues una nueva oportunidad para aplicar justicia.
El resultado de la votación fue el siguiente: Votos a favor 36 . Votos en contra 181 .Abstenciones 118 (aquí el video de la sesión del congreso con las distintas intervenciones)
A la hora de la verdad, el PP se desenmascaró y volvió a plegarse a los intereses de las entidades financieras demostrando un cinismo intolerable al haber creado tan solo dos semanas antes falsas expectativas entre las cientos de miles de personas afectadas por la estafa hipotecaria. Anunció que este viernes aprobarán por decreto ley un código de buenas prácticas voluntario para la banca. Es decir lo que ya tenemos ahora, pero disfrazado de medida social. 
Por otro lado el PSOE se abstuvo. Parece que no han aprendido la lección tras su debacle electoral, una debacle que entre otros motivos se explica por su nula sensibilidad ante el problema hipotecario y de vivienda de la ciudadanía de este país.
Pero somos optimistas. Han transcurrido ya tres años desde que la PAH se constituyó en febrero de 2009. Aunque el camino recorrido no ha sido fácil, estamos más cerca que nunca de conseguir nuestros objetivos. Recordar que  en breve daremos el pistoletazo de salida de la recogida de firmas para la ILP sobre la dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social. Un proceso que movilizará al país entero y que llevará de nuevo las propuestas de la PAH al congreso. Pero esta vez con el aval de cientos de miles, quizá millones de firmas.
Ánimos, que ya falta poco!
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El pasado mes de febrero, el ministro de economia De Guindos, interpelado por Joan Coscubiela de ICV sobre la situación de las familias que han perdido la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria y que arrastran una deuda de por vida con el banco, generaba expectativas al anunciar la posibilidad de introducir la dación en pago. Una declaración de intenciones que más allá de reconocer implícitamente la necesidad de regular una legislación hipotecaria a todas luces inhumana y conseguir titulares de prensa sensacionalistas, se quedaba en agua de borrajas, puesto que la aplicación de la medida no se regularía por ley, sino que sería voluntaria para los bancos. Una medida que por lo tanto no significaba ningún avance respecto la situación actual, donde el ordenamiento jurídico vigente ya contempla la posibilidad de que las entidades acepten la dación en pago de manera voluntaria.
A raíz del debate desencadenado, ayer martes 6 de marzo tuvo lugar en el congreso una nueva votación. De nuevo Joan Coscubiela, de ICV, presentó la propuesta largamente reivindicada por la PAH. La aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos para aquellos casos de residencia habitual y deudores de buena fe.  Una dación en pago obligatoria para las entidades financieras, y no voluntaria como la promovida por el ministro De Guindos. El congreso tenía pues una nueva oportunidad para aplicar justicia.
El resultado de la votación fue el siguiente: Votos a favor 36 . Votos en contra 181 .Abstenciones 118 (aquí el video de la sesión del congreso con las distintas intervenciones)
A la hora de la verdad, el PP se desenmascaró y volvió a plegarse a los intereses de las entidades financieras demostrando un cinismo intolerable al haber creado tan solo dos semanas antes falsas expectativas entre las cientos de miles de personas afectadas por la estafa hipotecaria. Anunció que este viernes aprobarán por decreto ley un código de buenas prácticas voluntario para la banca. Es decir lo que ya tenemos ahora, pero disfrazado de medida social. 
Por otro lado el PSOE se abstuvo. Parece que no han aprendido la lección tras su debacle electoral, una debacle que entre otros motivos se explica por su nula sensibilidad ante el problema hipotecario y de vivienda de la ciudadanía de este país.
Pero somos optimistas. Han transcurrido ya tres años desde que la PAH se constituyó en febrero de 2009. Aunque el camino recorrido no ha sido fácil, estamos más cerca que nunca de conseguir nuestros objetivos. Recordar que  en breve daremos el pistoletazo de salida de la recogida de firmas para la ILP sobre la dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social. Un proceso que movilizará al país entero y que llevará de nuevo las propuestas de la PAH al congreso. Pero esta vez con el aval de cientos de miles, quizá millones de firmas.
Ánimos, que ya falta poco!
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Vergüenza! Record de desahucios en 2011

Vergüenza! Record de desahucios en 2011


by afectadosporlahipoteca

Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha publicado los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos del cuarto trimestre de 2011. En ellos destacan que las ejecuciones hipotecarias se mantienen como un problema de primer orden, con una tendencia a la baja respecto al año anterior, mientras que los desahucios (lanzamientos) sufren un fuerte aumento.
Así, tenemos que en todo el estado durante 2011 se iniciaron 77.854 ejecuciones hipotecarias (93.636 en 2010) y 58.241 desahucios (47.809 en 2010).
Pero lo más grave son los totales que sumamos desde que inició la crisis en 2007. En efecto, entre 2007 y 2011 se han iniciado 349.438 ejecuciones hipotecarias y entre 2008 y 2011 se han producido 166.716 desahucios. 166.716 familias en la calle mientras la banca responsable de la crisis sigue declarando beneficios y recibiendo ayudas públicas sin ninguna contrapartida.
Las provincias más afectadas por los desahucios en 2011 fueron Madrid (9.460), Valencia (7.267), Barcelona (5.801) y Alicante (4.648).
Sobre la interpretación de estas cifras, quisiéramos destacar tres aspectos:
1º) Es normal que ahora se disparen los desahucios respecto de las ejecuciones: los procedimientos de ejecución hipotecaria se están alargando hasta dos años en los juzgados; el desahucio llega al final de ese procedimiento, después de la subasta del piso. Por ello, ahora vemos una fuerte crecida de los lanzamientos o desahucios, porque son la consecuencia de las ejecuciones iniciadas en 2008, 2009 y 2010. En cualquier caso hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de ejecuciones terminarán en desahucio, tanto si lo refleja la estadística judicial como si no, puesto que tras la subasta se produce un cambio de propiedad y raramente la nueva propiedad está dispuesta a alquilar la vivienda a la persona ex propietaria.
2º) La disminución de ejecuciones iniciadas en 2011 respecto de 2010 no significa que el problema de las ejecuciones se esté resolviendo en España, como algunos medios parecen sugerir. 77.864 ejecuciones en 2011 son una barbaridad y triplican las que se producían en 2007: 25.943. Estamos lejos de ver resuelto le problema de las ejecuciones, y desgraciadamente estamos seguras/os de que en 2012 mantendremos cifras escalofriantes.
3º) Tras las estadísticas hay personas, nucleos de convivencia, familias enteras. Vidas destrozadas por un sistema avaricioso y depredador que prioriza la lógica del beneficio de un 1% de la población, sobre el bienestar y la vida digna del 99%.
Tal y como ya denunciamos hace pocos días, el nuevo decreto del gobierno en materia hipotecaria, lejos de ayudar a las personas afectadas, complica aun más su situación, ya que ha dado la excusa perfecta a las entidades financieras para dejar de negociar cientos de daciones en pago que se estaban tramitando. Ahora los criterios son más restringidos, y las entidades cuentan con el aval del gobierno para intentar forzar novaciones que suponen aumentar la deuda y alargar la agonía para miles de familias que ya se encuentran al límite de sus posibilidades.
Sin embargo, no nos vamos a rendir. La vida y la dignidad de la mayoría de la población están en juego. Exigimos la regulación de la dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de los desahucios y el impuslo del alquiler social como medidas de emergencia para garantizar el derecho a la vivienda y a una segunda oportunidad.

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Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha publicado los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos del cuarto trimestre de 2011. En ellos destacan que las ejecuciones hipotecarias se mantienen como un problema de primer orden, con una tendencia a la baja respecto al año anterior, mientras que los desahucios (lanzamientos) sufren un fuerte aumento.
Así, tenemos que en todo el estado durante 2011 se iniciaron 77.854 ejecuciones hipotecarias (93.636 en 2010) y 58.241 desahucios (47.809 en 2010).
Pero lo más grave son los totales que sumamos desde que inició la crisis en 2007. En efecto, entre 2007 y 2011 se han iniciado 349.438 ejecuciones hipotecarias y entre 2008 y 2011 se han producido 166.716 desahucios. 166.716 familias en la calle mientras la banca responsable de la crisis sigue declarando beneficios y recibiendo ayudas públicas sin ninguna contrapartida.
Las provincias más afectadas por los desahucios en 2011 fueron Madrid (9.460), Valencia (7.267), Barcelona (5.801) y Alicante (4.648).
Sobre la interpretación de estas cifras, quisiéramos destacar tres aspectos:
1º) Es normal que ahora se disparen los desahucios respecto de las ejecuciones: los procedimientos de ejecución hipotecaria se están alargando hasta dos años en los juzgados; el desahucio llega al final de ese procedimiento, después de la subasta del piso. Por ello, ahora vemos una fuerte crecida de los lanzamientos o desahucios, porque son la consecuencia de las ejecuciones iniciadas en 2008, 2009 y 2010. En cualquier caso hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de ejecuciones terminarán en desahucio, tanto si lo refleja la estadística judicial como si no, puesto que tras la subasta se produce un cambio de propiedad y raramente la nueva propiedad está dispuesta a alquilar la vivienda a la persona ex propietaria.
2º) La disminución de ejecuciones iniciadas en 2011 respecto de 2010 no significa que el problema de las ejecuciones se esté resolviendo en España, como algunos medios parecen sugerir. 77.864 ejecuciones en 2011 son una barbaridad y triplican las que se producían en 2007: 25.943. Estamos lejos de ver resuelto le problema de las ejecuciones, y desgraciadamente estamos seguras/os de que en 2012 mantendremos cifras escalofriantes.
3º) Tras las estadísticas hay personas, nucleos de convivencia, familias enteras. Vidas destrozadas por un sistema avaricioso y depredador que prioriza la lógica del beneficio de un 1% de la población, sobre el bienestar y la vida digna del 99%.
Tal y como ya denunciamos hace pocos días, el nuevo decreto del gobierno en materia hipotecaria, lejos de ayudar a las personas afectadas, complica aun más su situación, ya que ha dado la excusa perfecta a las entidades financieras para dejar de negociar cientos de daciones en pago que se estaban tramitando. Ahora los criterios son más restringidos, y las entidades cuentan con el aval del gobierno para intentar forzar novaciones que suponen aumentar la deuda y alargar la agonía para miles de familias que ya se encuentran al límite de sus posibilidades.
Sin embargo, no nos vamos a rendir. La vida y la dignidad de la mayoría de la población están en juego. Exigimos la regulación de la dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de los desahucios y el impuslo del alquiler social como medidas de emergencia para garantizar el derecho a la vivienda y a una segunda oportunidad.

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Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha publicado los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos del cuarto trimestre de 2011. En ellos destacan que las ejecuciones hipotecarias se mantienen como un problema de primer orden, con una tendencia a la baja respecto al año anterior, mientras que los desahucios (lanzamientos) sufren un fuerte aumento.
Así, tenemos que en todo el estado durante 2011 se iniciaron 77.854 ejecuciones hipotecarias (93.636 en 2010) y 58.241 desahucios (47.809 en 2010).
Pero lo más grave son los totales que sumamos desde que inició la crisis en 2007. En efecto, entre 2007 y 2011 se han iniciado 349.438 ejecuciones hipotecarias y entre 2008 y 2011 se han producido 166.716 desahucios. 166.716 familias en la calle mientras la banca responsable de la crisis sigue declarando beneficios y recibiendo ayudas públicas sin ninguna contrapartida.
Las provincias más afectadas por los desahucios en 2011 fueron Madrid (9.460), Valencia (7.267), Barcelona (5.801) y Alicante (4.648).
Sobre la interpretación de estas cifras, quisiéramos destacar tres aspectos:
1º) Es normal que ahora se disparen los desahucios respecto de las ejecuciones: los procedimientos de ejecución hipotecaria se están alargando hasta dos años en los juzgados; el desahucio llega al final de ese procedimiento, después de la subasta del piso. Por ello, ahora vemos una fuerte crecida de los lanzamientos o desahucios, porque son la consecuencia de las ejecuciones iniciadas en 2008, 2009 y 2010. En cualquier caso hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de ejecuciones terminarán en desahucio, tanto si lo refleja la estadística judicial como si no, puesto que tras la subasta se produce un cambio de propiedad y raramente la nueva propiedad está dispuesta a alquilar la vivienda a la persona ex propietaria.
2º) La disminución de ejecuciones iniciadas en 2011 respecto de 2010 no significa que el problema de las ejecuciones se esté resolviendo en España, como algunos medios parecen sugerir. 77.864 ejecuciones en 2011 son una barbaridad y triplican las que se producían en 2007: 25.943. Estamos lejos de ver resuelto le problema de las ejecuciones, y desgraciadamente estamos seguras/os de que en 2012 mantendremos cifras escalofriantes.
3º) Tras las estadísticas hay personas, nucleos de convivencia, familias enteras. Vidas destrozadas por un sistema avaricioso y depredador que prioriza la lógica del beneficio de un 1% de la población, sobre el bienestar y la vida digna del 99%.
Tal y como ya denunciamos hace pocos días, el nuevo decreto del gobierno en materia hipotecaria, lejos de ayudar a las personas afectadas, complica aun más su situación, ya que ha dado la excusa perfecta a las entidades financieras para dejar de negociar cientos de daciones en pago que se estaban tramitando. Ahora los criterios son más restringidos, y las entidades cuentan con el aval del gobierno para intentar forzar novaciones que suponen aumentar la deuda y alargar la agonía para miles de familias que ya se encuentran al límite de sus posibilidades.
Sin embargo, no nos vamos a rendir. La vida y la dignidad de la mayoría de la población están en juego. Exigimos la regulación de la dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de los desahucios y el impuslo del alquiler social como medidas de emergencia para garantizar el derecho a la vivienda y a una segunda oportunidad.

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