El Tribunal Constitucional acepta el recurso del PP contra la Ley valenciana por la función social de la vivienda

HEMOS DE ACABAR CON LOS DESAHUCIOS Y LAS AMENAZAS

Con la “crisis económica”, los desahucios no han dejado de machacar a miles de familias; tampoco las deudas de por vida tras perder la vivienda. Y eso que sentencias del TJUE han declarado abusivas e ilegales las cláusulas de las hipotecas.

Los 5.169 desahucios en el primer semestre en la C.V., 40 por día  [2.286 por impago de hipoteca y 2.249 de alquileres, y 67 desahucios por ocupaciones de familias, la mayoría de buena fe].

El PP frenó nuestra ILP en 2012. Ahora paraliza recurriendo la Ley Valenciana de la vivienda que habría un horizonte de esperanza; ayer el Tribunal Constitucional aceptó su recurso a 20 artículos y la suspendió.

Ante esta situación, todas estamos comprometidos en impulsar el derecho a la vivienda; y más, teniendo en cuenta la alta cantidad de población en riesgo de pobreza (de un 24,4% en la CV en el 201), los muy altos niveles de desempleo y desigualdad.

Cómo se atreve el PP con un recurso que favorece a la banca y a la especulación?

Este recurso del PP incide negativamente en el derecho a la vivienda. Por qué? Porque se prefiere defender a la banca –a veces sin ser la propietaria de las mismas hipotecas que han vendido a fondos de titulización- en lugar de defender a las familias que van a ser desahuciadas al eliminar la obligación de los grandes tenedores a ofertarles alquiler social en su vivienda familias en exclusión, y si se niegan, a aplicar la expropiación temporal del uso de la vivienda; se prefiere defender sus beneficios antes que el interés general y bien

común; se prefiere defender la especulación de viviendas de los fondos buitres y grandes inmobiliarias más que el derecho subjetivo a disponer de las viviendas y se permite que haya miles de viviendas deshabitadas antes que crear un parque público; se prefiere defender los intereses , sabiendo que con esta medida se defiende un interés común y general; se prefiere que las mayores eléctricas del Estado Español (Endesa, Iberdrola y Gas Natural…) continúen aumentando los 16.209,7 millones de euros de beneficio bruto de explotación antes que el Consell establezca obligaciones de servicio público que deban cumplir o que los servicios sociales hagan un informe de exclusión social previo al corte de suministros.

La defensa de los derechos humanos triunfará.

No puede ser anticonstitucional avanzar en el derecho a la vivienda y garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas. Por eso, desde las PAHs del País Valencià vamos a impulsar la lucha porque este recurso no triunfe, mediante la aprobación de una Ley de Vivienda de la PAH que tenga carácter estatal y que haga realidad estos derechos. Tenemos la pretensión de aunar todas las voluntades de buena fe y de combatir a quienes estén en el otro bando. Es imparable el avance por el derecho a una vivienda, a los suministros básicos y a una vivienda digna. No nos valen escusas ni parches.

Sí se puede¡¡  Por la retirada del recurso del PP¡¡

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LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH EXIGE QUE LA ENERGÍA SEA UN DERECHO GARANTIZADO

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) señalizan hoy a las empresas suministradoras en municipios de todo el Estado, que en ausencia de una ley estatal que proteja a las familias, perpetran cortes indiscriminados de suministros básicos y fuerzan a las familias a acumular deudas impagables por tener acceso a agua, luz y gas. Una situación que sería revertida con la legislación de la Ley de Vivienda de la PAH: un texto de ley presentado a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que incluye medidas ya articuladas para poner fin a la pobreza energética y a los desahucios.

En los últimos 12 años el precio de la luz ha subido un 83%. Sólo en 2016, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa acumulaban un beneficio de más de 5.500 millones. Mientras hemos vivido en propia piel como las facturas no paraban de aumentar, nuestra renta familiar descendía. Y como resultado, hasta 5 millones de hogares sufrirán frío este invierno según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Datos a los que se suma el incendio de Alcorcón, provocado por el uso de velas ante la falta de luz, y que ocasiono la hospitalización de seis personas incluyendo tres menores de edad. También la muerte de Rosa, del municipio de Reus, que falleció en un incendio por utilizar velas debido a que Gas Natural le corto la luz. La pobreza energética mata, y existen soluciones para ponerle fin.

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, impulsamos en Cataluña la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional. Una ley que incluye medidas vigentes que han paralizado más de 39.000 cortes de suministros. Por eso, la PAH ha presentado en el Congreso la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley para extender las medidas de la Ley 24/2015 a todo el Estado español. Porque una vivienda digna es un hogar con acceso a suministros. Porque la energía, el agua y la vivienda son derechos básicos que se implican, y que deben ser accesibles y asequibles para todas las familias.

Mientras luchamos por una ley estatal que de verdad nos proteja, el PP y el PSOE legislan el Bono Social eléctrico, que plantea descuentos del 25% al 40% de las facturas con unos baremos de renta muy bajos. Un parche que no da respuesta a las situaciones de pobreza energética que sufren un 11% de la población en el Estado español.

Y la protección que regula contra los cortes es ínfima, trasladando toda la responsabilidad a la Administración de que si no paga el 50% de las facturas, no se podrá proteger a las familias más vulnerables de los cortes de luz. Además, no incluye ninguna protección estatal contra los cortes de gas o de agua. De nuevo, en vez de apoyar medidas efectivas propuestas por las familias afectadas, el PP y el PSOE se aúnan para sacar adelante un parche, incapaz de dar respuesta a la emergencia, y que defiende los intereses de unas compañías -que cosechan millones de beneficios encareciendo las facturas- por encima de la ciudadanía.

Por si fuera poco, el gobierno del PP ha recurrido en noviembre, en pleno invierno, la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda, suspendiendo la mitad de los apartados del articulo 23 de la Ley 2/2917 contra la pobreza energética, en concreto: impidiendo la garantía del acceso a los suministros básicos, el establecimiento de obligaciones de servicios públicos a las Suministradoras firmando acuerdos entre el Consell de la Generalitat y las suministradoras para hacer realidad el principio de precaución y la obligación antes de realizar cualquier corte de suministros el solicitar a los servicios sociales un informe que determine si la persona o unidad familiar se encuentra en una situación de exclusión social.

 También ha bloqueado junto a Ciudadanos la ILP Madrileña contra la emergencia habitacional. Leyes autonómicas que contenían medidas para garantizar los suministros. El gobierno del PP se ha convertido en el brazo protector de las suministradoras. Y frente a esta situación, las familias afectadas exigimos una ley que nos proteja en todo el Estado español con medidas de sentido común:

–       El Principio de Precaución, por el cual no se puedan cortar los suministros básicos a familias cuya vulnerabilidad haya sido acreditada por Servicios Sociales.

–       La garantía de un Consumo Mínimo Vital de las familias a luz, agua y gas.

–       La Tarifa Social, que implica que las suministradoras asuman el coste de las facturas que no pueda ser afrontada por las familias.

Con la Ley de Vivienda de la PAH, todos los grupos parlamentarios del Congreso tienen la oportunidad histórica de legislar medidas que co-responsabilicen a las suministradoras de poner recursos para solventar la emergencia que han provocado. Nosotras seguiremos reivindicando nuestras demandas hasta hacerlas realidad.

 

¡Exigimos agua, luz y techo!

#SuministrosGarantizados

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INDICE IRPH, LA ESTAFA CONTINUA.

El índice IRPH afecta a millon y medio de familias en España y encarece ostensiblemente sus hipotecas. No es una tasa como el Euribor y por ello, segun los expertos puede ser inflado artificialmente, con los consiguientes riesgos de fraude.

El Congreso debería determinar la nulidad del IRPH, para que las familias afectadas pudieran recibir una compensación económica por las cantidades

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